Al menos 40 choferes de las rutas 1 y 2 del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (Situtsa), conocido como Conejobus, fueron notificados que serían despedidos, porque la empresa se declaró insolvente; por lo que en plena pandemia y a finales de año, estos trabajadores se quedaron sin empleo y sin la garantía de recibir una liquidación.
Según denunciantes, José Romeo Pedrero Miranda, director de Situtsa, argumentó frente a los choferes que la empresa no tiene recursos para continuar con sus operaciones, además de que las unidades prestadas por el DIF fueron solicitadas de regreso.
Sin embargo, responsabilizó a los socios de las liquidaciones y sobre el “futuro” de los trabajadores despedidos, a lo que los conductores señalaron que el contrato original se hizo con Situtsa y no con concesionarios, por lo que pidieron se esclarezca sobre sus liquidaciones.
Desempleados
En total son 48 choferes despedidos, así también 23 personas entre administrativos vigilantes y mecánicos, con lo que un total de 71 personas se quedaron sin empleo de forma repentina.
Se espera que a partir de este 3 de noviembre, al menos 70 unidades tipo Urvan entren en funcionamiento para brindar el servicio en la ruta 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez, pese a la inconformidad de los socios, choferes y usuarios.
Socios se deslindan
Uno de los socios del sistema denunció que este atropello no es responsabilidad de los concesionarios del Conejobus, sino de las autoridades a cargo de la empresa, pues la disolución se da de forma arbitraria al no contemplar el acta constitutiva, y porque tampoco se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Mercantiles.
El socio, quien decidió mantenerse en el anonimato, precisó que la empresa Situtsa se rige por una participación de 51 por ciento a cargo de la administración estatal, por lo que la parte mayoritaria debe atender los procesos de liquidación.
En lo que respecta al futuro de la ruta 1 y 2, el concesionario informó que se presentaron alternativas para renovar el parque vehicular: unidades tipo autobús con un valor de cinco millones de pesos o vehículos tipo Sprinter de hasta cinco millones de pesos, lo que consideran son “precios inflados”.
Denunció que para participar del nuevo proyecto les exigen 654 millones de pesos por concepto de arreglo de terminales, lo que dicen no les corresponde pues es tema de obra pública, o bien de las autoridades que controlan este sistema de transporte.