La Colectiva Cereza denunció la falta de atención médica que padecen las mujeres en las prisiones de Chiapas, a pesar de los informes médicos de los que tienen conocimiento las dependencias y autoridades involucradas.
“La situación de las mujeres privadas de libertad en las prisiones de Chiapas es urgente”, destacó la organización, pues explicó que a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por realizar campañas de salud que faciliten la atención inmediata y la detección de casos de salud urgentes que comprometen la vida de las internas, “las instituciones estatales no reaccionan”.
Informe médico
La Secretaría de Salud y de Gobierno tienen el informe médico, y en los casos de Amalia y Evelin, fueron enviadas las placas de rayos X que muestran el daño irreversible en la salud de las dos mujeres si no las atienden con prontitud.
Evelin tiene un hombro dislocado desde hace dos años, cuando fue maltratada durante el traslado de la prisión de Tapachula al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de Las Casas.
“Puede quedar inválida por la rotura definitiva de vértebras lumbares y sobre todo si sigue cargando cubetas de 20 kg para transportar agua y hacer la talacha y dormir en planchas de cemento sin colchoneta”, agregó la colectiva.
La situación de Amalia también es grave, pues vive con el riesgo de que se le desprendan las costillas de la columna vertebral y se perfore su pulmón por las multilesiones que tienen ambas, producto de los malos tratos y tortura durante su detención.
La Colectiva Cereza hizo hincapié en que la violencia que se vive en el penal 5 es favorecida por la actual dirección que ha decidido no intervenir, a pesar de las tres quejas que ya se realizaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Dos fueron realizadas por mujeres del femenil y otra por la Colectiva Cereza, que buscan que la situación se resuelva
La organización integrada por mujeres expertas en leyes dijo, además, que esto es consecuencia del abandono de las autoridades responsables y de la política estatal que confina y olvida a las mujeres en las cárceles.
“Son sometidas a todo tipo de abusos, ellas y sus familiares que van a visitarlas, a quienes se les sigue exigiendo una ‘cuota’ de todo lo que llevan para su visita, el 10 % de lo que les costó”, fundamentó.
