Una toalla sanitaria puede ser un artículo de uso común para cualquier ciudadana, sin embargo, para las mujeres pobres o que están en prisión, es un privilegio al que no pueden acceder por su alto costo y la falta de sensibilidad de las autoridades.
Jacivi Gómez Tipacamú, presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre, reveló que en los penales de Chiapas un paquete de toallas sanitarias puede costar de 40 a 70 pesos; y la venta de estos productos se realiza lejos de ellas, en tiendas instaladas en los espacios destinados a la población varonil.
“Si no tienen trabajo, no pueden generar los ingresos suficientes para comprar estos y otros productos de higiene personal, además de pañales y leche para sus hijos; realmente es difícil, sobre todo en tiempo de pandemia, porque viven un doble confinamiento”.
Señaló que las carencias de este sector poblacional se han agudizado en esta emergencia sanitaria por el Covid-19, debido a que las autoridades penitenciarias impiden el ingreso de las familias y las organizaciones que brindan ayuda humanitaria a los centros de Reinserción Social (Cerss).
“No reciben visita ni el apoyo de fundaciones como la nuestra”, enfatizó Gómez, quien desde hace cinco años recauda apoyo para la población femenina que cumple una sentencia o está en prisión preventiva, en espera de que su proceso penal concluya.
Las mujeres en estos lugares llegan a utilizar trapos o compresas, “lo que tengan a la mano”, una situación que se convierte en un acto de discriminación, porque no tienen las mismas posibilidades que otras ciudadanas de tener una menstruación digna.
Consciente de estas desigualdades estructurales, la organización Menstruación Digna México impulsó tres acciones que incluían tres ejes: gratuidad de los productos de gestión menstrual; eliminación del IVA a estos artículos; y generar datos e información sobre esta realidad en el país.
Propusieron una tasa cero por ciento de IVA a productos como toallas, tampones, copas, entre otros, mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, la Cámara de Diputados la desechó el pasado 21 de octubre.
Esta decisión generó rechazo de colectivos que colocaron a la menstruación como un tema de salud pública y de justicia social que afecta a más de la mitad de la población, ya que una persona que menstrúa necesita al menos 360 toallas o tampones promedio al año: un gasto significativo para quienes viven en condiciones de pobreza, o peor aún, para quienes además están privadas de su libertad.
