De acuerdo con el estudio “Resiliencia de las Mujeres Indígenas y Rurales a los impactos de la Covid-19”, el 70 % de las mujeres no pide ayuda a pesar de haber sufrido violencia por parte de un familiar. Y en los pocos casos que lo han hecho, ha sido a familiares cercanos (26 %), a amigas o conocidas (3 %), y en una mínima proporción a un juzgado (1 %).
El estudio fue realizado por la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas; en él se destaca que el 77 % de las mujeres respondió en la línea base no saber cuáles son los canales y servicios de acceso a la justicia que ofrece el gobierno.
Aun cuando para ellas es importante recibir o tener información, el 84 % afirmó no haber recibido algún material sobre cómo se puede obtener acceso a la justicia en caso de sufrir algún tipo de violencia.
En ese mismo tenor, en los grupos focales las mujeres no mencionan hallar soluciones para acceder a la justicia, en caso de ser víctimas de violencia.
Si bien tienen acceso a los juzgados, una vez que se acercan a ellos comentan sobre obstáculos para proceder. Por ejemplo, el documento evidencia que el “trámite les resulta muy complicado o, mencionó una mujer, el propio juez comparte el pensamiento de que los hombres mandan”. Aparte de los juzgados, las mujeres no identifican otros centros de ayuda.
El documento resalta que el alcoholismo es un problema fuerte en estas regiones, siendo que en 2021 se llegó a un acuerdo mediante el cual se prohíbe la venta de alcohol en la comunidad, o se multará a quien lo haga.
“Las mujeres comentan que esto ha surtido cierto efecto. Sin embargo, la venta de alcohol en comunidades cercanas reduce el impacto de dicho acuerdo”.
Sobre las habilidades socioemocionales de las mujeres participantes, se hace hincapié en que el 71 % de las mujeres considera tener habilidades y conocimientos para tomar decisiones en su vida.
