Mujeres indígenas de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas exigieron que se realice una consulta no de trámite sino conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) antes de que se construya el tren maya y que las mujeres sean tomadas en cuenta.
“Las comunidades no han dicho que sí aceptan o que no, por lo que el gobierno debe de entablar un diálogo para informar los detalles del proyecto para que tomen una decisión, pero no con los dirigentes sino con la asamblea que es el órgano de rector”, expusieron al participar en el Foro regional Voces de Mujeres en torno al tren maya.
“Queremos ser sujetos de derecho, no objeto”, expresaron, al tiempo de reiterar que “no nos oponemos al tren maya, pero tampoco estamos a favor porque no tenemos información”.
El foro se llevó a cabo en el aula magna de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y fue organizado por Glifos comunicación, que preside Elva Macías; el Colegio Nacional de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción, encabezada por Maribel Miceli Maza, y el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, que coordina Delia Estrada Sánchez. Participaron ponentes de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.
Narcía Cancino, organizadora del foro, refirió que “se ha dicho que el tren maya será una oportunidad de desarrollo para el olvidado, el marginado, el saqueado y golpeado sur-sureste del país; que impulsará la industria turística de la región, traerá prosperidad, empleos e inversiones, pero ¿cuál será el impacto real?”
La quintanarroense, Maritza Yen Sham, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, expresó que “toda la gente de las comunidades queremos ser consultada, no sólo los ejidatarios; y sobre todo que se tome en cuenta la voz de las mujeres porque muchas veces no estamos presentes en esas decisiones”.
Fátima Gamboa Estrella, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, manifestó que los pueblos indígenas tienen derecho a decir “cómo queremos vivir, cuál será nuestro modelo de desarrollo propio con identidad; cómo queremos que sea la salud, la educación, pero el Estado nos está mirando como sujetos de no derecho sino de interés público”.
Sostuvo que las autoridades “ya violaron el carácter previo de la consulta” y agregó que “en la medida en que el Estado tenga voluntad de hacer la consulta desde las primeras fases del proyecto, los pueblos establecerán mecanismos de confianza, ahora rota porque el carácter previo no se está cumpliendo. No hay equilibrio de poder ahorita porque no tenemos la información”.
La tojolabal, Yanet del Rosario Cruz Gómez, del municipio chiapaneco de Las Margaritas, afirmó que “hemos llegado a estos procesos porque no se ha reconocido a los pueblos como sujetos de derecho público”.
Expuso que la consulta del 24 y 25 de noviembre pasado “fue ciudadana y no aterrizó a los protocolos y requerimiento del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos a ser consultados. La consulta debe de ser libre, previa e informada, y tendría que ser la demostración de una buena voluntad del gobierno federal hacia los pueblos indígenas. Si no se da la consulta en esos términos, hablaremos de que no somos un país en el que podemos ejercer la democracia ni la participación activa de los pueblos indígenas”.
Subrayó que “la consulta clara y activa dará confianza a las comunidades, pero el proyecto no puede caminar sin los pueblos indígenas”.
