Evelin es una migrante guatemalteca de 39 años de edad que fue detenida y paga una condena, desde hace cuatro años, por homicidio calificado que, a decir de las abogadas de la Colectiva Cereza, es un delito que no cometió.
Primero estuvo presa en Tapachula, ciudad en la que fue detenida, y en el 2020 fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para continuar con la sentencia de 25 años.
Durante el traslado, Evelin padeció tortura que le causaron secuelas que tres años después no han sido atendidas, como pequeñas fracturas lumbares, un hombro dislocado, costillas rotas, riesgo de parálisis y un tumor benigno en el seno, dijo Patricia Aracil, abogada de la Colectiva Cereza.
La abogada feminista dijo que existen más casos de mujeres migrantes como Evelin que están encerradas en cárceles de Chiapas por delitos que no cometieron, como homicidio, trata o delincuencia organizada.
Revictimización
La abogada explicó que en varios de los casos las mujeres en contextos de movilidad humana son detenidas en los operativos, “y una de ellas queda como tratante o enganchadora, cuando en realidad son víctimas. La Fiscalía lo acuerda con los verdaderos traficantes”.
La Colectiva Cereza hizo hincapié en esta criminalización contra mujeres migrantes, acusadas de delitos de los que generalmente ellas son las víctimas, señalamientos que vinculan a autoridades de los países involucrados.
“Hay un abandono total por parte de las embajadas, no defienden sus derechos ni les dan asesoría jurídica ni la protección que deberían dar”.
Es decir, las embajadas y México colaboran con Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) “contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres, deteniendo a las víctimas, porque lo que importan son las estadísticas de lucha contra la delincuencia organizada, que se miden por personas”.
