La multa de 385 mil 424.36 pesos que le aplicó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas por la violencia de género en el proceso local ordinario 2017-2018, se puede liquidar en abonos a lo largo de los meses de este año para evitar intereses, puntualizó Gilberto de Guzmán Bátiz García, Consejero Electoral.
Entrevistado sobre el tema, indicó que en el Órgano Local fueron sensibles al llamado que hicieron los partidos políticos; por lo tanto, este pendiente económico se puede pagar con mensualidades a partir de marzo.
En caso de que pusieran resistencia para atender la multa, se harían los requerimientos mediante la autoridad hacendaria; no obstante, esta situación generaría pasivos al “tricolor”.
Todas las multas que reciben los partidos políticos no se van a las arcas del IEPC; al contrario, el dinero se entrega al Órgano de Investigación y Docencia del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Chiapas (Cocytech).
Contexto
En el pasado proceso electoral (donde se renovaron distintos cargos en el aspecto estatal y municipal), días previos a la asignación de las regidurías y diputaciones bajo el principio de Representación Proporcional, en un lapso de 72 horas se presentaron 40 renuncias a los cargos, el 95 por ciento fueron mujeres.
Esta situación “llamó poderosamente” la atención del IEPC, porque eran espacios que ya estaban ganados para las mujeres pero, por distintas circunstancias, no quisieron acceder al lugar.
Durante el acuerdo de asignación que se elaboró el pasado 12 de septiembre, se determinó que se hicieran procedimientos de oficios y de investigación, para concluir qué fue lo que pasó con las renuncias.
Involucrados
Además del PRI, en aquel momento, estuvieron involucrados también Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido; de las renuncias de las mujeres, al tener el Órgano Local toda la documentación, las invitó a que informaran las razones de sus denuncias, en el caso de las que no asistieron, el IEPC fue hasta el domicilio de ellas para conocer la molestia.
En algunos casos, los argumentos mostraban que participaron para competir por la presidencia municipal pero, al no ganar, ya no tenían otro interés para cargos municipales; también las mujeres informaron que, sencillamente, no querían gobernar con la contraparte, situaciones que el IEPC consideró como razonables.
Sin embargo, existieron tres testimonios de mujeres que dieron cuenta que renunciaron a los cargos por acosos, hostigamientos y presiones; se presentaron en los municipios de Jitotol (Chiapas Unido) y el resto en San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco (del PRI).
En la primera irregularidad, ocurrida en Chiapas Unido, se reveló que hubo presión a través de una persona física pero el personal del IEPC no encontró elementos que lo confirmaran; Bátiz García mencionó que, por esa razón, a dicho partido político sólo se le aplicó una amonestación pública; en el resto de los partidos políticos no existió un elemento de convicción y los asuntos se declararon sin materia.
Para las candidatas de Pichucalco y San Cristóbal de Las Casas, el PRI, a través de su dirigencia, presentó una lista de sustituciones que querían realizar, pero en el IEPC no se aceptaron porque el tiempo establecido en la Ley había terminado para hacer los cambios libres, sólo quedaba tiempo para hacer las modificaciones de entre los cargos que compitieron.
Incluso, el Consejero Electoral explicó que, la defensa férrea que hizo el tricolor, dio fundamentos de que sí existieron elementos para que las mujeres (por presión) renunciaran a los cargos.
Por tal razón, se decidió aplicar la sanción económica proporcional al 25 por ciento de las prerrogativas que tiene el PRI para este año. El dinero que pagaría el partido no implica un daño económico en sus actividades.
Exhorto
El Consejero del IEPC hizo un llamado a los representantes de los partidos políticos, a conducirse en el marco de la Ley para que la ciudadanía tenga la certeza de que los derechos son respetados. Finalmente, reconoció que la decisión que tomaron de sancionar al PRI aún puede ser impugnable en otros espacios jurisdiccionales.
