"En fechas recientes, asuntos como la discusión del paquete económico para 2010, la baja calidad de los servicios públicos y la incapacidad de los cuerpos policiacos para brindar seguridad a los ciudadanos han echado luz sobre las malas condiciones de salud que padece el pacto federal. Los analistas más críticos incluso han apuntado que nos acercamos a un nuevo tipo de feudalismo: un gobierno central más o menos poderoso, pero sin las facultades para cohesionar y dirigir hacia la solución de los problemas públicos a los cientos de unidades político-territoriales dispersas en una República de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 100 millones de habitantes.
No hace mucho tiempo que tanto en nuestro país como en el extranjero corrió la especie de que el Estado mexicano podía ser calificado de fallido. Inmediatamente, desde distintas trincheras varias voces corrieron a aclarar que tal afirmación resultaba infundada. Las instituciones mexicanas, en efecto, tienen fallas; sin embargo, eso no lleva a concluir que el conjunto se encuentre estructuralmente quebrado.
Ahora, si bien es evidente que el diagnóstico del ""Estado fallido"" era exagerado, también lo es que aquellas instituciones de gobierno más cercanas a la población, los municipios, son las que concentran el mayor número de inconsistencias y debilidades. En ellos encarna con más claridad el mal funcionamiento de nuestros gobiernos.
El Índice Municipal de Información Presupuestal 2009, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), da cuenta de la opacidad que se asienta en estas instancias. De 373 municipios analizados -que representan 80% del PIB y 65% de la población nacional-, 100 no tienen página de internet oficial, 52 poseen una que no funciona, 89 no publican su presupuesto y únicamente 35 ofrecen la opción de solicitar datos. Tal falta de transparencia va acompañada de deficiencias en los aparatos de seguridad que, como ha señalado el presidente Felipe Calderón, son fácilmente secuestrados por criminales organizados. Asimismo, la capacidad para cobrar impuestos en ese nivel de gobierno es prácticamente nula, lo que repercute en sus finanzas públicas. La participación ciudadana, salvo excepciones, suele ser conducida hacia el clientelismo político, y las elecciones locales son las más propensas a la manipulación de los poderes caciquiles o fácticos colindantes con la ilegalidad.
Por todas estas razones, si el Estado mexicano quiere tener futuro, el país entero debería colocar como su principal prioridad a los municipios que lo conforman. Llegó el momento de dejar atrás la retórica constitucional y de dar a esta institución, en los hechos, el lugar que tiene como la base de la organización política y administrativa del Estado nacional. De no cumplirse ese mandato fundacional de la República, ésta corre el riesgo de caerse a pedazos. (El Universal)
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