En su intento por frenar las oleadas migratorias, el gobierno federal mexicano ha instalado un muro militar y policiaco en la frontera sur del país, en donde se han incrementado las detenciones y deportaciones de extranjeros.
Integrantes de organismos no gubernamentales que participaron en una misión de observación sobre la crisis humanitaria relacionada con las personas migrantes y refugiados, advirtieron que en la atención del fenómeno se sigue un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos.
Asimismo criticaron al gobierno de Estados Unidos al presionar con la imposición de aranceles a las exportaciones para obligar a México a contener este fenómeno, porque “los derechos humanos de los migrantes no pueden ser una moneda de cambio”.
En conferencia de prensa, Moisés Gómez, Daniella Burgi, Brenda Ochoa, Fernando Ríos y Alethia Fernández establecieron que ahora los retenes y operativos ya no solamente los realiza el personal del Instituto Nacional de Migración, sino también las policías Federal, Militar y Guardia Nacional.
“Vemos una militarización de la frontera sur y la criminalización de los migrantes, casos de maltrato, violencia, abusos, discriminación y xenofobia”, establecieron y calificaron el hecho como “una tortura silenciosa”.
Después de haber realizado recorridos en la costa chiapaneca, visitado garitas, la Estación Migratoria Siglo XXI y su extensión en la Feria Mesoamericana, así como dialogado con diversas autoridades, plantearon que “el respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad no pueden subordinarse a los intereses económicos y comerciales en el marco de las relaciones internacionales”.
Asimismo consideraron que existe una estrategia de desgaste y contención para generar cansancio, desmovilización y disuasión de quienes solicitan refugio y regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana.
Ante esa problemática, plantearon que el gobierno mexicano transite de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional a una centrada en la seguridad humana.
Los organismos pidieron al gobierno mexicano “que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región”.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste de México; el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Alianza Américas, Toros los Derechos para Todas y Todos, Red Jesuitas con Migrantes y 20 organismos nacionales e internacionales más participaron en la misión de observación.
