El tamano del reto del narcotráfico nos obliga a hacerle frente desde diversas trincheras, pero con una enorme coordinación, ya no se diga nada más entre dependencias del gobierno federal, sino entre los tres niveles de gobierno y con la misma sociedad civil. El fenómeno es polivalente y debe atacarse desde distintos ángulos, no sólo el policíaco, sino el financiero, el educativo y hasta el cultural.
Difícilmente algún estado de la República se salva de sufrir, de un modo u otro, los perniciosos efectos del tráfico y consumo de enervantes. Campeche, que hasta ahora ha sido poco mencionado como bastión criminal, nos dice un reportaje de El Universal, ya ve alterada su tranquilidad por efecto de bandas de delincuentes ligados al narco y a la trata de blancas e indocumentados.
Asimismo, un reporte del Departamento de Estado de EU identifica a México como uno de los principales importadores de químicos precursores, usados para fabricar drogas sintéticas, que son aún más peligrosas y daninas que la marihuana o la cocaína.
Estas tendencias en cuanto al aumento del espacio territorial que controla la delincuencia dentro del país y la transformación de hábitos de consumo, que se senalan al mismo tiempo que se relata la cooperación bilateral con los vecinos del norte, deberán ser tomadas en cuenta en el programa nacional de seguridad que en unos días más dará a conocer el presidente Felipe Calderón. Dicho plan prevé un necesario esquema de evaluación policíaca, para unificar criterios y metodologías que midan los resultados del esfuerzo nacional y detecten insuficiencias que deban ser enmendadas.
Hay que vigilar a los vigilantes, porque actualmente hay más de mil 600 cuerpos policíacos y ningún programa federal que unifique sus procedimientos ni la forma en que han de ser evaluados. Tampoco parece haber mucha coordinación entre dependencias del Sistema Nacional de Seguridad, pues, por ejemplo, a la misma pregunta de este diario a la Defensa Nacional, a Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, sobre el monto de recursos empleados hasta ahora por el gobierno de Calderón para combatir la inseguridad, se recibieron tres respuestas distintas entre sí. Una policía dividida y política confusa será fácilmente vencida.
Por otra parte, dicho programa de seguridad no puede agotarse en medidas coercitivas, debe ampliarse a las de prevención y atención social.
Está, como ejemplo, el llamado en la Cámara de Diputados, de la fracción parlamentaria del PRD, que propone darle un uso educativo y de atención a la salud a los recursos incautados a narcotraficantes y delincuentes.
Desactivar el consumo afectará la oferta y, de paso, salvará de la adicción a muchos mexicanos que hoy tienen todavía la posibilidad de eludir el ingreso al mundo de los estupefacientes.
La coordinación debe subrayar la idea de medir acciones, rendir cuentas de lo invertido en ellas y disenar programas en el mediano y largo plazos que no permitan que la droga fluya por nuestras fronteras y en nuestras calles, convirtiéndose en una forma de vida que lleva a la muerte. (El Universal)
