El número de ejecuciones callejeras por motivos relacionados con el narcotráfico se incrementa de manera trágica en algunas plazas del país. Se han vuelto cotidianos los sangrientos espectáculos de bandas matándose entre sí o los descubrimientos de personas en costales o las escenas de sicarios en persecución de sus víctimas, ya civiles ya policiacas, exhibiendo, sin ningún pudor, armas largas frente a las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Éstas son estampas de un México que no queremos ni nos merecemos, pero que se imponen frente a un creciente narcomenudeo que rebasa a la policía. Ayer, procuradores y presidentes de tribunales de justicia de todo el país exigieron a diputados recursos adicionales por mil millones de pesos, los cuales les ofreció el Presidente de la República, para hacer frente a la venta callejera de droga.
También hicieron un llamado a los legisladores para emprender una reforma global que prevenga el narcotráfico y garantice recursos suficientes para abatir la falta de personal, capacitación e instalaciones penitenciarias que se requieren para esta lucha. Por supuesto que, ante la gravedad de los hechos, es urgente que los recursos federales fluyan y ayuden a paliar la crisis, por medio del desmantelamiento de las complejas redes de narcomenudeo.
Más dinero será de mucha ayuda, ciertamente, pero tampoco puede ser el único eje del combate a los grupos de criminales, de tal suerte que, si no hay recursos federales adicionales a los presupuestados originalmente, las autoridades del país se laven las manos fácilmente y renuncien a su labor pretextando falta de apoyo. Con o sin recursos, todos los gobiernos han prometido a sus respectivos ciudadanos la solución de problemas como el narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo.
Es hora de desplegar un auténtico trabajo de colaboración entre entidades de la República y hacer efectivo el trabajo de inteligencia para anticiparse a los delincuentes, a fin de ofrecerles una batalla lo menos desigual que se pueda.
Pero también es cierto que sería muy grave que los gobiernos de los tres niveles bajaran los brazos ante el problema y reconocieran que no pueden y que ya están rebasados por el hecho de que no cuentan con presupuesto. De hecho, tienen recursos y deben entregar resultados a partir de ellos. Lo que sigue será para facilitar aún más su labor. De no hacerlo, esta salida sería insultante para una sociedad que ha confiado en ellos y que ve con impotencia cómo crecen la inseguridad, la violencia y el crimen, sin que nadie consiga avances significativos y reales, que vayan más allá de las consabidas estadísticas con números alegres que ponderan su éxito en función de porcentajes de escritorio, sin tomar en cuenta las vidas que se han perdido en las calles o la mucha sangre derramada.
Por eso es importante que la lucha contra el narcotráfico se dé a varias velocidades: ya trabajando con lo que se tiene, ya surtiendo de recursos a la lucha inmediata, ya legislando una reforma general y de alcances federales que, a largo plazo, otorgue un marco jurídico de persecución del delito que sea más congruente con las dimensiones del país y con las atribuciones de las policías locales en la materia. Sólo así se podrá abatir el flagelo que no debemos dejar crecer más.
El tiempo nos gana y no es momento para cálculos políticos en el Congreso de la Unión o de divorcios partidistas entre procuradurías estatales. Mientras más unidas se presenten las instancias de prevención, persecución, procuración e impartición de justicia, mayores probabilidades habrá de desactivar un problema que amenaza seriamente con deshilvanar el tejido social mexicano. (El Universal)
