La violencia producto del narcotráfico está trastornando fuertemente las relaciones de México con Estados Unidos, al grado de que se ha llegado a medidas extremas motivadas por ese fenómeno delictivo como la que anunció el gobierno del vecino país en el sentido de cerrar su consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la suspensión de sus servicios durante la presente semana.
Las reacciones en México no se han hecho esperar y tienen que enmarcarse en el contexto de la vecindad que nos une con el coloso del norte. Así debe entenderse lo expresado por el cardenal Norberto Rivera Carrera cuando senala que Estados Unidos tiene todo el derecho de proteger a sus ciudadanos, pero también tiene el compromiso como país vecino de contribuir en todo lo que puede en la lucha contra la violencia derivada del narcotráfico, cuyas causas muchas veces no se generan en México, sino en las naciones que demandan la droga.
En efecto, México y Estados Unidos actúan conjuntamente en el combate al narcotráfico, pero parece ser nuestro país el que obtiene mejores resultados. Ha habido muchos narcotraficantes abatidos o encarcelados y gran cantidad de droga incautada.
Estados Unidos ha aportado a la lucha aviones y helicópteros usados por los agentes mexicanos, que a su vez se enfrentan a bandas criminales armadas con fusiles, pistolas y metralletas de fabricación estadounidense. El mismo celo que se exige a los mexicanos en el combate al narcotráfico tiene que ser dirigido a frenar el contrabando de armas de alto poder de las que se sirven los criminales en nuestro territorio.
El narcotráfico se ha extendido como perniciosa humedad por vastas porciones de México, generando una cadena de otros delitos graves: corrompe a la sociedad y a las autoridades, gangrena las instituciones financieras y los negocios privados en la búsqueda de legitimación del dinero del crimen, ahuyenta las inversiones sanas y el turismo, reta al gobierno, se impone brutalmente en ciudades y regiones, y nos coloca una etiqueta de país inseguro, peligroso e inconveniente.
Hasta ahora el combate al narcotráfico ha tenido un alto costo para nuestra nación en el aspecto material y sobre todo en pérdida de vidas humanas: nos ha cobrado la muerte de 468 elementos del Ejército mexicano, y de 15 miembros de la Fuerza Aérea, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de acuerdo con registros de la Fuerza Aérea Mexicana, solamente en cuatro anos, de 2000 a 2003.
Los resultados de esta lucha son del conocimiento público. Sólo la Armada de México ha decomisado siete toneladas y media de cocaína en la costa del Pacífico y en Quintana Roo y ha obtenido importante información de inteligencia sobre las actividades de los narcotraficantes.
La Armada ha cobrado tal relieve en esta lucha que ha reforzado sus sistemas de seguridad ante la probabilidad de un ataque de venganza de los delincuentes. Pero así y todo, con esta intensa campana represiva, los delincuentes están lejos de ser derrotados. Han sufrido golpes severos, pero están actuantes y las bajas, así como los presos, rápidamente son reemplazados por sus lugartenientes.
La alternativa de replantear esta lucha ha llevado a proponer estrategias polémicas, como la de legalizar la droga, que levantan más oponentes que partidarios. Pero de que se requiere adoptar nuevos esquemas no quedan dudas ante la creciente violencia e inseguridad pública que atemoriza a varias poblaciones de la República. Por ahora es todavía poco significativo el balance del programa México Seguro.
La sociedad quiere ver que el combate al narcotráfico abarque todos los frentes posibles, tanto en EU como en México, pero que esa lucha comience por desalentar el consumo. Esta es la vía recomendable. (El Universal)
