El Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas demandó cambios urgentes para que la atención obstétrica combine una mayor seguridad materna con el respeto del derecho de las mujeres a decidir, así como la realización de una consulta a las mujeres indígenas del país; lo anterior en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró este martes 9 de agosto.
En conferencia de prensa realizada la mañana de ayer, en los espacios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con la participación de los investigadores Adela Bonilla, Mariana Fernández, Hilda Eugenia Arguello y Marcos Arana, quienes dieron a conocer que para cambiar este panorama es recomendable la realización de una consulta a las mujeres indígenas del país, esto sin que se deje de reconocer los avances que se han tenido en la Salud.
Esto, dijeron, organizado por las instancias oficiales pertinentes con un sustento legal y promovido con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una medida para impulsar cambios en las políticas para la atención obstétrica a las mujeres indígenas en todo el país.
Esta consulta será un instrumento para demandar la revisión de las políticas de atención obstétrica y perinatal para Chiapas y el resto del país, indicaron.
Los investigadores mencionaron que con la intención de reducir el número de muertes maternas, el Gobierno mexicano instrumenta, desde 2010, la política de desalentar la atención obstétrica en el primer nivel de atención y de referir la mayor cantidad de partos para su atención hospitalaria.
Bajo este esquema, la referencia a los hospitales es indiscriminada y no se limita a las mujeres que presentan alguna complicación o a las que presentan alto riesgo.
De este modo, las mujeres de los sectores más empobrecidos, principalmente indígenas pierden la libertad y el derecho a decidir el tiempo de atención que desean para su parto.
Para la implantación de esta estrategia, indicaron, frecuentemente se amenaza de retirar los beneficios de los programas sociales a las mujeres si éstas no acuden al hospital y se amenaza a las parteras con perder estos mismos beneficios si siguen atendiendo partos.
