El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos considera que las nuevas disposiciones en materia de fiscalización de recursos públicos, las cuales se ajustaron al esquema del nuevo del Sistema Nacional Anticorrupción, exigen a los despachos de auditores mayor profesionalización para evitar alguna mala interpretación.
Y es que puntualizó que si algún despacho no ofrece información sobre malversaciones, estarían sujetos a sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación, ya que anteriormente sólo fincaban responsabilidades al servidor público.
Explicó que actualmente dentro de la Ley de Responsabilidades ya se les atribuyen a los particulares, como proveedores o contratista y eso incluye a los despachos de auditores.
Las sanciones son diversas, desde multas que pueden llegar de dos a tres veces más del valor del contrato; sanciones penales si se detecta que el despacho se prestó a un desvío de recursos o traspaso; hasta la inhabilitación de por vida en todos los estados de la república.
Los contadores que funjan como auditores gubernamentales externos tendrán la obligación de actualizarse de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Fiscalización para evitar incurrir en irregularidades por desinformación.
En este proceso de adaptación a las nuevas disposiciones, mencionó, aún persiste cierto desconocimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en torno a la fiscalización gubernamental.
“Por eso es necesario que el sector contable dedicado al ramo de la auditoría se continúe capacitando para orientar a los organismos públicos y foros y en el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos estamos conscientes de ello, por eso estamos continuamente brindando actualizaciones en estos temas que contribuyen a la rendición de cuentas y transparencia a nuestros agremiados”, concluyó Felipe de Jesús Gamboa García.
