Hay vacíos muy profundos en la política pública que hacen que esta población siga en condición de rezago, no es prioritaria, dijo Susana Cruickshank, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (Cecig) A. C.
“Lamentablemente no hay una política de Estado en atención a la población jornalera agrícola, si bien el Sistema Nacional de Empleo a través de sus oficinas en los estados tiene un subprograma de movilidad laboral, no todos cuentan con presupuesto”, dijo.
A esto se suma que las personas jornaleras no cuentan con los criterios que se necesitan para esos programas o para poder acceder a los empleos.
Cruickshank comentó que esperan un reforzamiento de la parte técnica de las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo para que sea realmente redituable.
“Normalmente las inspecciones laborales son apalabradas con el patrón”, y no se revisa el contrato, aunado a que la mayoría de los jornaleros trabaja en la informalidad.
“Pero si no tienen contrato no hay seguridad social y eso les afecta para su jubilación y pensión alimenticia. Hay mujeres que han trabajado toda su vida y a sus 60 y 70 años no se pueden pensionar, y ya no pueden trabajar”, agregó.
De acuerdo a las cifras, se trata de más de tres millones 800 entre mujeres y hombres jornaleros agrícolas, pero si se toma en cuenta a sus familias, pueden superar los ocho millones de personas.
“Representan a una población que debería tener una política destinada, porque gracias a ellas y ellos llevamos a nuestra mesa toda la producción agrícola”, recordó Susana Cruickshank.
Explicó que los estados del sur-sureste como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz son entidades de origen de la migración, y se mueve a Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Chihuahua; “hay rutas establecidas por el cambio climático”.
De acuerdo a la documentación del Cecig, personas guatemaltecas han señalado que Chiapas tiene las condiciones laborales agrícolas menos favorables.
“Lo principal es que el patrón les dé seguridad social, tener un contrato que tenga un salario digno. Si bien esta administración incrementó el salario, 200 pesos al día es una cantidad con la que difícilmente una familia puede sobrevivir”, mencionó.
