Los retos de la reforma sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, son, entre otros, capacitar e informar a la ciudadanía. En el estado de Chiapas existe un importante porcentaje de población indígena donde se hablan varias lenguas originarias, lo que hace más complejo dar a conocer las nuevas políticas en materia de igualdad, paridad y protección de derechos.
Lo anterior, lo manifestó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), Celia Sofía Ruiz Olvera, durante la ponencia virtual titulada: “Retos para hacer efectiva la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, impartida por la magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, y organizada por la Barra de Abogados Electorales de México.
Dijo que es necesario darlas a conocer no sólo a través de redes sociales, sino a través de medios de comunicación para llegar a todas las comunidades. En algunas todavía existen los perifoneos, en los que se debe llegar, y por supuesto que traduciendo los mensajes para informar sobre el tema, a fin de que lleguen principalmente a las mujeres, mismas que pudieran ser violentadas porque no las dejan participar en un proceso interno como candidatas o que son registradas para simular la paridad.
Los aspectos generales de la reforma deben bajarse a los elementos sociales y culturales de cada estado del país, porque si bien se puede dar toda la difusión en redes sociales, en cada entidad existen diferentes realidades en todos los ámbitos, sobre todo en las comunidades indígenas donde todavía hay resistencia a que las mujeres ocupen cargos de toma de decisiones.
Tal parece que en algunas comunidades pueden aceptar el hecho de que haya regidoras y síndicas, pero lo que no han aceptado es que haya presidentas municipales, lo que hace necesario bajar ahí la información sobre la reforma, posiblemente con manuales especiales y protocolos.
Los tribunales locales tienen la oportunidad de echar andar la reforma y poderse pronunciar no sólo a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, sino como el caso de Chiapas en el que no emiten una resolución en los procedimientos especiales sancionadores, sino que corresponde al órgano político local electoral, pero llega al tribunal a través de un recurso denominado apelación.
De esta forma es que conocen la violencia política en razón de género, incluso desde antes, con los juicios para la protección de los derechos políticos electorales, como en el 2017, con el caso de las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó, que no las dejaban poder ejercer las funciones conferidas por sus cargos.
Los tribunales electorales locales son los primeros juzgadores a quienes llegan los asuntos que tienen que ver con la reforma, sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, y en ocasiones se enfrentan a diferentes interpretaciones sobre la misma.
