Claudia Rivera Vivanco, diputada federal morenista y secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, advirtió sobre la necesidad urgente de revertir las invasiones y asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas de Chiapas, como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, mediante la aplicación estricta de la ley y programas de reordenamiento territorial.
Resultado de omisiones
La legisladora señaló que este problema es resultado de décadas de omisiones institucionales y especulación, que permitieron la construcción de viviendas en zonas federales, barrancas, márgenes de ríos y regiones protegidas, a pesar de existir un marco normativo claro.
“Ahora se busca revertir esos asentamientos con vigilancia reforzada de las instituciones responsables y con mecanismos de reubicación, especialmente porque muchas viviendas están en zonas de alto riesgo”, afirmó Rivera Vivanco.
Agregó que los recientes desastres naturales, agravados por el cambio climático, han hecho evidente la vulnerabilidad de estas familias, pero también han abierto una oportunidad para su reubicación y regularización bajo esquemas seguros y ordenados.
Sanciones
La diputada subrayó que cualquier plan de reordenamiento debe incluir sanciones para quienes permitieron o promovieron las invasiones, ya sea por acción o por omisión. “Deben aplicarse las consecuencias legales correspondientes, mientras autoridades estatales y municipales trabajan en mitigar y recuperar estas zonas”, explicó.
Resaltó la importancia de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno para evitar nuevos asentamientos en áreas no aptas, preservar los espacios naturales y garantizar la integridad de las familias.
Reformas
Rivera Vivanco también mencionó que el Congreso ha aprobado reformas para incrementar sanciones por invasiones y daños ambientales, así como mecanismos para ampliar las áreas de conservación y restaurar ecosistemas degradados.
Concluyó señalando que la planeación urbana futura debe ofrecer alternativas dignas de vivienda, sin justificar la ocupación de zonas ecológicas. “Lo que se construya de ahora en adelante debe tener criterios de inclusión, blindaje ambiental y vigilancia, para reducir riesgos y proteger tanto a las personas como al medio ambiente”, sentenció.
