Necesario garantizar el derecho a la identidad

La activista dijo que las mujeres trans deben enfrentar diversas formas de discriminación diariamente. Cortesía
La activista dijo que las mujeres trans deben enfrentar diversas formas de discriminación diariamente. Cortesía

La activista trans, Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez, comentó que la falta de una ley de identidad de género en Chiapas y 12 estados más del país, hace que muchas mujeres trans no puedan cambiar sus documentos personales para que coincidan con su identidad de género.

Esto prácticamente significa que “no existen” ante la ley y les quita la oportunidad de obtener un empleo digno y acceder a sus derechos constitucionales por el simple hecho de no coincidir su identidad de género con su registro de nacimiento y demás documentos.

Según datos de La Jornada, actualmente solo 13 estados cuentan con leyes para reconocer la identidad de género: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Sin una ley general de identidad no hay políticas públicas en escuelas sobre diversidad sexual, atención médica especializada, medicamentos de reemplazo hormonal, entre otras necesidades.

Asimismo, las instituciones no están obligadas a expedirles nuevos documentos de registro, además que los crímenes de odio o transfeminicidios no son reconocidos “porque cuando las matan es considerado como homicidio doloso”.

Pereyra Vázquez dijo que la falta de empleo digno les impide tener ingresos suficientes, pues al menos el 90 % de ellas en México están desempleadas y el resto ejercen el trabajo sexual, belleza o son meseras con sueldos infrahumanos y sobreexplotadas.

Una mujer trans debe enfrentar de forma constante y hasta permanente las miradas de rechazo en calle, el acoso de hombres, groserías de mujeres, en las escuelas, al acudir a las instituciones, etcétera. “No hay ningún espacio donde podamos sentirnos libres; en la calle nos insultan, nos avientan cosas, miradas lascivas”.

No hay capacitación para servidores públicos, ni siquiera de los elementos de seguridad e impartición de justicia que les permita proteger sus garantías. En los estados que no tienen ley de identidad de género, son juzgadas según su sexo biológico.