Las mujeres en situación de reclusión tienen características muy específicas: pobreza, marginación, exclusión y una violencia sistemática que aqueja a muchas por el simple hecho de ser mujeres, indicó la visitadora general especializada de la Atención de Asuntos de la Mujer, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Claudia Ruiz Coutiño.
Dijo que en Chiapas hay condiciones agregadas a esta situación de desventaja o exclusión, que son aquellas que enfrentan mujeres extranjeras o migrantes y que muchas veces son involucradas en delitos. Son detenidas y privadas de su libertad; asimismo, por la condición de ser mujeres indígenas.
Enfatizó que es importante que la Comisión Estatal e investigadores puedan abonar a un nuevo esquema, en donde puedan hacer visibles y evidenciadas las directrices y normas que marcan las Reglas de Bangkok, que recogen todo un bagaje jurídico para protección de los derechos de las mujeres y que debe ser una realidad efectiva en los centros de reclusión.
Es ahí precisamente en donde las mujeres que están recluidas bajo la custodia del Estado, se violentan sus derechos, lo que genera una imperiosa necesidad de abonar a la capacitación y la sensibilización de quienes imparten justicia y, sobre todo, de quienes están a cargo de los centros penitenciarios.
“Es de gran importancia que todos nos involucremos a favor del respeto de los derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión. No únicamente se puede abonar a esto con una buena voluntad; en el caso del servicio público se trata de una obligación y quienes están al frente de estas instituciones tienen la obligación jurídica y legal de observar lo dispuesto en nuestro marco normativo.”
Especificó que la Constitución Política de México, en su artículo 18, establece todo el sistema penitenciario, asimismo la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la Convención para Erradicar la Discriminación en contra la Mujer, y del marco internacional denominado Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Es vital que todos tengan el conocimiento del marco normativo en el tema, para que al tener contacto con una mujer privada de su libertad que pide ayuda a través de cualquier canal, “nosotros tengamos la disposición y sensibilidad de escucharla y atender esa petición”.
