Necesario registro de violadores y pederastas

Necesario registro de violadores y pederastas

La diputada Fabiola Ricci Diestel integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso local; añadió que es necesario la creación de un registro nacional de violadores y pederastas, el cual deberá ser de consulta obligatoria para las instancias que pretendan contratar personal que tenga relación con niños o niñas.

Así como la creación de Comités de Derechos del Menor en los centros educativos, donde participen tanto alumnos como docentes, pedagogos y psicólogos, y se generen actividades de prevención y denuncia del maltrato sexual infantil.

Agregó, que dentro del ordenamiento legal, debe promoverse que la figura del progenitor abusador sexual de sus hijos, reciba una pena radicalmente mayor a la que reciben otro tipo de agresores sexuales, y que los familiares que hayan tenido conocimiento del abuso sexual y no hubieran reportado dicho delito a las autoridades, reciban también el castigo que corresponde a los cómplices y no como encubridores.

Cabe señalar que el pasado 16 de abril, la Cámara de Diputados conoció una propuesta para crear el Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales, instancia que estaría a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Partido Encuentro Social (PES) planteó tal iniciativa, que pretende inhabilitar a los agresores y violadores en el ejercicio de cualquier profesión, cargo, comisión y empleo o toda actividad pública o privada que implique la atención directa o indirecta a menores.

El PES refirió que tanto instituciones públicas como privadas, a cargo de menores de edad, estarán obligadas a consultar el registro, con la finalidad de prevenir cualquier acto en contra de niños y adolescentes, lo cual quedaría asentado en el expediente del trabajador.

Por tanto, en caso de aprobarse la propuesta, la PGR sería responsable de la creación, organización, gestión y actualización del citado registro, el cual deberá incluir a las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por violación y agresión sexual, igual que por corrupción de menores de 18 años de edad, pornografía infantil, lenocinio y pederastia.