En el marco de los encuentros entorno a los 30 años de los Acuerdos de San Andrés, distintos académicos reflexionaron en torno a la figura que juega el municipio al momento de garantizar los derechos de las comunidades indígenas.
En el diálogo, mediado por Valeria Valencia, participaron Armando Méndez, Jesús Solis, Luis Rodríguez y Roberto Arias, quienes señalaron la responsabilidad que tienen los municipios al momento de bajar recursos federales y su ejecución efectiva en las comunidades.
Indicaron que, en algunas comunidades muchos ejercicios de organización se vician en algún momento del proceso, por ejemplo, al momento de repartir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), donde el recurso no entra en acción sino se reparte antes de manera personal entre las figuras de liderazgo.
Del mismo modo, vieron preocupante que varios municipios dependan de dicho fondo. “Algo está pasando porque entre 1998 y 2023 se tuvo una alta dependencia de este recurso federalizado, además de que en 2025 Chiapas fue la entidad que obtuvo más recursos por este fondo, siete mil millones de pesos” agregaron.
En el conversatorio, señalaron que hay que poner una mirada crítica sobre el régimen de usos y costumbres, la cual se ha usado como pauta para dar paso a expresiones de violencia local que se viven en todo el estado.
Una solución a dicha problemática, indicaron, es repensar el municipio más allá de una instancia que se encargue de servicios como la instalación de drenaje y recolección de basura, sino como un órgano que puede confabular la pluriculturalidad que se vive en los municipios de Chiapas.
En ese sentido, aceptaron que es un avance que desde el gobierno estatal se reconozcan los pueblos originarios, sin embargo, recalcaron la importancia de iniciar un diálogo con ellos y conocer sus distintas culturas políticas.
