El Código Penal Vigente en el estado de Chiapas, establece prisión de cinco a 12 años y de dos mil a 20 mil días de salario mínimo a quienes provoquen incendios forestales; pese a ello, los delincuentes ambientales que han provocado un daño invaluable en áreas verdes y pastizales de la entidad, no son denunciados y tampoco existen investigaciones de fondo en el medio rural, donde hay una impunidad inexplicable por los siniestros provocados.
Hasta ahora, sólo se conoce de la detención de 13 personas en uno de los años más críticos donde se afectan a zonas protegidas, zonas de especial valor ecológico y zonas de tradición ganadera, una actividad que se ve amenazada por las quemas sin control, derivado de que los ayuntamientos y todas las secretarías que señala la Ley de Desarrollo Sustentable, vigente en la entidad, han sido omisas y no han cumplido con sus funciones en esta materia.
De tal forma que aunque en el tema de ecocidio el artículo 457 del Código Penal es muy claro cuando se trata de daños graves al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales de la competencia del Estado de Chiapas, es claro que no se aplica.
En este 2019, de acuerdo con las cifras que arroja la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 131 incendios han terminado con más de cinco mil 100 hectáreas; solamente 13 personas han sido detenidas en flagrancia.
El tema no es nuevo, inclusive, la dependencia federal tiene documentado que uno de los años más catastróficos para todo el territorio nacional ocurrió en 1998; en esa fecha, fueron consumidas 226 mil 761 hectáreas con el impacto de ocho mil 569 siniestros; fueron destruidas 82 mil 816 hectáreas de herbáceo, 52 mil 848 de arbóreo y 91 mil 97 de arbustivo.
Legislación
En el aspecto local, fue en 1991, cuando gobernaba la entidad Patrocinio González Blanco, cuando se expidió la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas.
En aquel documento que puso en marcha el ahora exgobernador, en el artículo 122 se estipulaba que se impondrían sanciones de un mes y hasta años de prisión para aquellas personas que descargaran en la atmósfera gases, humos y hasta polvos, que pudieran generar afectaciones a las flora y a la fauna. También las multas económicas oscilaron en los 100 y hasta 20 mil días de salario mínimo.
Sin embargo, actualmente la situación es completamente diferente; pese a que está vigente la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Chiapas, el problema de los incendios se agrava.
Este documento que sustituyó a la Ley de Equilibrio Ecológico, fue publicado en el 2015, establece en el articulo 153, fracción VII y VIII, que las sanciones para quienes realicen quemas agrícolas intencional o no y que deriven en incendios forestales, serán acreedoras a multas de hasta 20 mil salarios mínimos vigentes. Aunque ninguna autoridad informa o conoce el número de personas multadas por cometer dicho delito.
Posturas
El propio presidente de la Comisión de Cambio Climático en el Congreso Local, Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció que dicho precepto es obsoleto; una de las soluciones, propuso, es que se suspenda de manera permanente la roza, tumba y quema, actividad que calificó como arcaica por los daños medioambientales que genera.
Camacho Velasco consideró que para frenar los siniestros se deben generar mejores políticas públicas y fortalecer las capacitaciones en todo el sector agropecuario. Lo alarmante, es que el 2019 está comparado a las condiciones de 1998, cuando en Chiapas fueron consumidas más de 200 mil hectáreas.
Lo cierto, es que los incendios forestales han rebasado la capacidad operativa de los tres órdenes de gobierno, por lo que han solicitado apoyo especializado en el combate de los mismos.
En tanto, Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, justificó que para este 2019 se esperan condiciones de ausencia de humedad, déficit de precipitaciones y altas temperaturas, lo que genera más vulneración para la propagación de incendios.
En su opinión, sí se ha hecho trabajo de prevención y la muestra es que convocó a los tres mil 233 comisariados ejidales en Chiapas, donde se les informó la prohibición de las quemas agrícolas.
Aunque calificó como “letra muerta” las facultades que tienen los ayuntamientos con los permisos para las quemas, porque no hay ningún seguimiento y tampoco están capacitando a los ciudadanos, lo único que le queda a la dependencia estatal es sofocar los incendios.
En tribunal también el diputado local, José Octavio García Macías, pidió que se investigue y sancione a las personas que han provocado daños irreversibles al medio ambiente y a los ganaderos especialmente de la fraylesca.
