Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), puntualizó que durante y posterior a la jornada comicial de este domingo, no quedará impune algún acto indebido que pervierta el ejercicio de la democracia de los chiapanecos.
En entrevista, subrayó que la Fepade acudió en acompañamiento al proceso electoral ordinario en Chiapas, a pesar de que la instancia competente en primer orden es la Fiscalía Electoral (FIE) en el estado, por lo que se ha trabajado de manera coordinada y en estricto apego a las normatividades vigentes en la materia.
Tras la declaración de la sesión permanente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aseveró que se han recibido denuncias de ciudadanos, partidos políticos e incluso de organizaciones civiles respecto a conductas de posible comisión de delitos electorales.
En este sentido, reveló que hasta ese momento se tenían 210 actas circunstanciadas iniciadas y 143 averiguaciones previas en proceso por haberse comprobado la comisión de actos indebidos tipificados en la legislación penal electoral. Así también, informó que se iniciarían tres averiguaciones más y 20 actas circunstanciadas, al tiempo de aclarar que aún se está trabajando en la integración de los expedientes.
Sostuvo que es fundamental que las denuncias se realicen con elementos probatorios, esto con la finalidad de que las actas circunstanciadas deriven en averiguaciones previas, para que aquellos que infrinjan las disposiciones establecidas sean castigados conforme a las sanciones enmarcadas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Nieto Castillo informó que entre las denuncias realizadas, destacaron hechos relacionados con compra y coacción del voto, tal como lo manifestaron los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEPC, así como el condicionamiento de programas sociales, federales y estatales, para inducir el voto.
Finalmente, el titular de la Fepade recordó que un ciudadano, dependiendo de la gravedad del delito, podría ser sancionado con cárcel de seis meses a tres años, mientras que para un servidor público el castigo alcanzaría de dos a nueve años de prisión.
