La diputada Olga Luz Espinosa Morales indicó que la nueva ley de educación aprobada recientemente por el Pleno del Congreso, señala la prohibición, distribución y comercialización de los alimentos de bajo valor nutritivo y alto contenido calórico al interior de las escuelas.
Dijo que este artículo ya lo manejaba la ley anterior, a raíz de una reforma que data de 2010, sin embargo, hasta hoy día se siguen vendiendo porque no hay un recurso específico que permita la vigilancia del cumplimiento.
Esto se sumaría a la regulación que buscan hacer los diputados sobre la venta de productos con alto contenido calórico a menores de edad, enfocada a combatir el alto indice de obesidad infantil y con ello prevenir las enfermedades crónico degenerativas.
Mencionó que por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se recauda aproximadamente nueve mil millones de pesos a nivel nacional cada año, mientras que para el combate a la obesidad y desnutrición infantil se invierten alrededor de 500 millones de pesos anuales.
Es decir, lo que se recauda a través del IEPS relativo a la comida chatarra no se invierte en la salud, lo que debería hacerse, destinarse a la educación nutricional entre los niños y adolescentes desde las escuelas.
En otro aspecto, la diputada indicó que también como lo marca la Constitución, la nueva ley reconoce la rectoría del Estado en la educación.
Asimismo, reconoce a la educación como universal, pública, inclusiva, gratuita y laica, señala que todas las personas que habitan en el estado tienen derecho desde la educación inicial hasta la superior.
Por otro lado, obliga a la autoridad educativa a constituir un sistema estatal de información, capacitación y actualización, para que los docentes ejerzan su derecho a acceder a este.
En ese tenor, anotó que según una reciente encuesta de un millón 200 mil maestros que hay en el país, solamente 300 mil han cursado una carrera relativa a la educación.
Enfatizó que se establece que en todos los niveles educativos se promueva el respeto a los derechos humanos y valores como la igualdad de género.
Se reconoce la autonomía universitaria en las instituciones de educación superior pública, pero también estipula que deben colaborar con la fiscalización y rendición de cuentas, porque reciben recursos públicos.
La nueva ley marca que los uniformes de las escuelas deberán tener colores neutros, con base a la psicología del color a fin de favorecer la concentración de los estudiantes, pero también para evitar el proselitismo político poniéndolos del color del partido en el poder; tampoco se podrá poner nombres de políticos a las escuelas.
