La Suprema Corte de Justicia de la Nación, espacio de esperanza para hacer valer en última instancia el estado de derecho en México, está en riesgo de resolver que aun de comprobarse que los funcionarios poblanos acusados de violar garantías individuales de una escritora resulten culpables, éstos no reciban ningún tipo de sanción penal, política, civil o administrativa, sino simplemente se emita un informe al respecto.
El proyecto de resolución, formulado por los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, plantea informar si existieron o no violaciones graves contra Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del edén, pero sin fincar responsabilidades.
Dado que en el origen de la denuncia contra Marín y otros funcionarios estaban varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador y el empresario textilero Kamel Nacif, protector del principal acusado, Jean Succar Kuri, realizadas sin autorización judicial, el caso se dificulta.
El nuevo proyecto se contrapone al informe presentado hace dos meses por el ministro Juan Silva Meza, quien incluso originó una investigación independiente sobre la conducta en el caso del propio gobernador Mario Marín y varios de sus colaboradores.
El fondo de la discusión pasa por los alcances de la Corte y si ésta debe o no investigar, y cómo y de qué manera se ventilarían en ella argumentaciones de los involucrados.
Hay que analizar por sus méritos las posiciones en contraste respecto de ese tema particular, pero en lo inmediato, en el caso que ocupa, el precedente que se sentaría es indeseable: zacusar sin sancionar?
La impunidad es una afrenta presente en nuestra sociedad en todos los ámbitos.
No deja de parecer extrano que los ministros Aguirre y Valls se preocupen sólo en cumplir la mitad de la tarea, encontrar a los culpables, pero renuncien a completarla con la petición de fincar responsabilidades, si es que las hubiera.
Ya tenemos demasiados crímenes sin castigo en México para que ahora los coronemos con una resolución judicial del más alto tribunal sobre un caso que tanto lastimó e indignó a la sociedad.
No en balde la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, recordó que aún hay mucho por hacer en México en materia de derechos humanos. La libertad de expresión es uno de ellos, central para la construcción de una sociedad democrática.
Debemos preocuparnos de que pudiera ser sentado un precedente que otorgue carta de naturalización a la impunidad de quienes no lo respetaran. zDe qué sirve avanzar en la senda de conocer los delitos, pero no de sancionarlos aduciendo técnica jurídica?
Sería desalentador que en la máxima instancia de ley se claudique ante la posibilidad de castigar a alguien que se considere culpable.
Más todavía: sería inadmisible dejar inerme a la sociedad, a merced de la moral de los inmorales, esperando que sea su conciencia y no la ley quien los castigue en caso de que se hubieran demostrado sus faltas. Apelar a su ética para retirarse de cargos que debieran ser ocupados por personas de otra catadura es no conocer la naturaleza humana. Sólo eso necesitábamos. (El Universal).
