"Elam Náfate * CP. Hay cuestionamientos fundamentados sobre los juicios orales y la forma en cómo las autoridades han tratado inútilmente de establecer lineamientos para la supuestamente correcta aplicación de las leyes, que de poco han servido, ya que no han tenido el éxito esperado, señaló Arturo Jesús Becerra Martínez, ex procurador de justicia en Chiapas.
Becerra Martínez expone en su obra ""La presumida inocencia, ineficacia de los juicios orales en materia penal; nuevo replanteamiento constitucional legal"", los antecedentes constitucionales y legales que han venido dando sustento jurídico a los procedimientos penales establecidos en las leyes secundarias en algunos estados como Chihuahua, de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, que se adelantaron en su implementación, pero que no han logrado obtener los éxitos esperados, señaló.
También realiza diversos análisis críticos desde la perspectiva que ofrece la cruda realidad jurídica, política, económica, democrática, religiosa, social, pero sobre todo, la práctica forense, cuyos reveladores resultados resultan ser los que deben de sustentar este nuevo proyecto de justicia.
Explicó que ""en esta obra se analiza una parte de la Constitución, la que se relaciona con los juicios orales instituidos en materia penal, supuestamente basados (puesto que dichos preceptos constitucionales no lo garantizan plenamente durante la tramitación del procedimiento penal o del procedimiento penal), en el 'principio de inocencia'; ya que su aplicación, según se advierte en los textos de los Artículos 16 y 20, Apartado B, Fracción I, desde que inicia el procedimiento penal, se autoriza al Ministerio Público al ejercitar la acción penal, a solicitar que un juez libre orden de aprehensión en contra del gobernado, sin tener pruebas plenas de su culpabilidad"", mencionó el abogado.
Añadió que ""sólo basta de datos o indicios que hagan probable la participación del inculpado"" en la comisión de un delito; dejando hasta la sentencia el quehacer de un inmisericorde análisis procesal de presunción de inocencia, es decir, durante todo el procedimiento penal se le pone al procesado la etiqueta de ""presunto culpable"" y por lo mismo sufre restricciones ilegales de sus garantías de pleno respeto a sus derechos humanos y las del debido proceso penal constitucional, hasta que un juez en sentencia diga si es inocente o culpable.
Por ello, el exprocurador chiapaneco precisa que ""esto es un engaño, puesto que siempre ha sido presupuesto procesal y deber de todo juzgador que en toda sentencia debe de valorarse todo el material probatorio aportado para llegar a la verdad histórica que dio origen al suceso denunciado, y en base a ese examen exhaustivo se concluye si el reo es culpable o inocente"".
""Pero no precisamente que en estado de sentencia pudiese el inculpado o procesado hacer valer y el juzgador hacer prevalecer esa etiqueta de presunto inocente para asegurar y el juez otorgar una absolución, habida cuenta que esta presunción durante el proceso nunca le fue reconocida.
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