El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), informaron que sus 11 integrantes retenidos el pasado 23 de febrero en las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, no pagarán la multa de dos mil 500 pesos que les impusieron las autoridades por manifestarse en contra de los megaproyectos oficiales.
“No pagarán la cantidad mencionada porque no es delito manifestarse y tenemos derecho a la libre expresión”, dijeron en un comunicado, al tiempo de recordar que el 23 de febrero “fueron violentados, reprimidos y secuestrados nuestros compañeros y compañeras María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez, de un año de edad; María del Rosario Mazariegos Gómez, de 11 meses; Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, Isidro Pérez Cruz, por haber colocado un letrero alusivo a las jornadas “Samir Somos Todas y Todos” a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.
Señalaron que “los responsables de estas agresiones son las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib, pertenecientes a los grupos paramilitares de los llamados Chinchulines y por la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao).
Dijeron que “después de más de veinticuatro horas de haber sido privados de su libertad, nuestros compañeros y compañeras fueron liberados el 24 de febrero, bajo la condición “impuesta por las autoridades ejidales de pagar una multa de quince rejas de refrescos y dos mil quinientos pesos”.
Agregaron que de no cumplir “se les condicionaba su libertad a cambio de que nuestras compañeras y compañeros renunciaran a ser integrantes del CNI”, y que “si no pagaban la multa para la tarde del domingo 1 de marzo de 2020, serían desalojados de sus tierras y casas para ser vendidas, además de encerrarlos en la cárcel del pueblo”.
Manifestaron que como no les fue posible pagar la multa, pidieron un plazo de ocho días “para que se aclare la situación y buscar apoyo en otras instancias conjuntamente con organismos de derechos, ya que no pagarán la cantidad mencionada porque no es delito manifestarse y tenemos derecho a la libre expresión”.
Comentaron que el pasado 6 de marzo “llegaron seis elementos de la Policía Municipal de Chilón a dejar una invitación por parte del presidente municipal, para una supuesta reunión de trabajo en el Hotel Mukulum en Bachajón, entre autoridades de la comunidad antes mencionada y los compañeros Manuel Cruz Espinosa, Celia López Pérez y María Cruz Gómez.
Indicaron que los agentes mantuvieron una actitud intimidatoria tomándoles fotografías y video a sus compañeras, a quienes les dijeron que se tenían que ir con ellos en la camioneta.
Aseguraron que “nos percatamos que el presidente municipal Carlos Ildeifonso Jiménez Trujillo, tiene cobijado a las autoridades de la comunidad San Antonio Bulujid, porque respalda que es delito poner letreros en dicha comunidad y por lo tanto nuestros compañeros tienen que pagar una multa de cinco mil pesos”, por lo que “no se presentaron los compañeros, porque ya se había acordado mesa de diálogo con el delegado de Gobierno del Estado para el miércoles 11 de marzo del presente año, pero de manera déspota el alcalde, en contubernio con el delegado de Gobierno, emite una invitación en su mismo domicilio, violentándoles sus derechos a los compañeros de CNI, sabiendo que la privación ilegal de la libertad es un delito”.
Caso Margaritas
Por otro lado, el CNI y el CIG denunciaron también que las autoridades y habitantes de la comunidad Carmen las Flores, municipio de las Margaritas, están exigiendo a miembros del CNI de ese lugar, “trabajar en la construcción de una escuela primaria como parte de los programas de gobierno, a lo que se niegan, ya que ellos se encuentran fuera del sistema educativo oficial porque cuentan con su propio proyecto de educación autónoma”.
Agregaron que por ello, Jaime Jiménez Hernández, coordinador local de CNI; Ventura Hernández Gómez y Francisco Santis Hernández, delegado, están encarcelados desde el lunes 2 de marzo. Llevan ya casi una semana de encierro y les han negado hacer de sus necesidades utilizando dicha agresión contra ellos como una forma de tortura”.
Expresaron que “para dejarlos en libertad los están obligando a firmar un documento para participar con el grupo partidista de la misma comunidad, movidos por Sebastián Jiménez Méndez, líder de la organización Coduc en Las Margaritas, controlando la comunidad a través del comisariado Hilario Jiménez Méndez, el agente municipal Daniel Jiménez Pérez y Fidel Méndez Vázquez, del Consejo de Vigilancia”.
Remarcaron: “Como CNI no permitiremos que se cometan más atropellos en contra de ningún compañero o compañera de nuestra organización”; por lo que hicieron un llamado “a la solidaridad y apoyo con nuestras hermanas y hermanos del CNI Chiapas que han estado siendo hostigados por defender su territorio”.
