En 2020 se armonizaron la Ley de Migración y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), que prohíbe su detención, sin embargo, prevalece la ausencia de mecanismos claros de protección. Esto ha resultado en la canalización de menores de edad así como de sus mamás o tutoras en albergues, en los que no se les permite la salida.
Los anterior fue señalado por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, tras la documentación que realizó en el 2022 y que recientemente fue presentada en las redes sociales de las diferentes organizaciones que colaboraron, principalmente de la frontera sur de México.
Hace tres años, en el artículo 6 de la Ley de Migración se incorporó la no privación de la libertad de NNA en centros de detención migratoria; por ello, es importante el reconocimiento en la ley de la privación de la libertad de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, particularmente de la niñez migrante.
Mecanismos de protección imprecisos
Las organizaciones vinculadas al monitoreo dieron cuenta de que al implementar estos cambios, han observado la ausencia de mecanismos claros de protección, como el caso de las citadas detenciones en espacios del DIF.
Es decir, la institución lleva la tutela no solamente de niñas, niños y adolescentes, sino de mujeres adultas solicitantes de la condición de refugiado, por lo tanto, “este hecho es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos”.
Plantearon que las mujeres adultas tienen el derecho de decidir sobre sus trámites de refugio e hicieron hincapié en que, incluso, la ley no establece la tutela de sus casos de refugio por parte de instancias gubernamentales.
“Al ser solicitantes de refugio, tienen el derecho a llevar su trámite en libertad. En estas canalizaciones es sistemática la separación familiar al canalizar a mujeres y sus hijas e hijos a albergues del DIF… y los hombres adultos que las acompañan son detenidos en centros de detención migratoria, con poca o nula posibilidad de comunicación”, detallaron.
