Integrantes del Fondo del Ahorro Magisterial (FAMA) de la Sección 7 del SNTE, reconocieron la iniciativa del Gobierno del Estado al decretar que no se cometerán más abusos de entidades financieras contra los trabajadores de la educación, por lo que solicitaron buscar alternativas para atender este tema ya que al caer en los bancos entrarían en una dinámica similar, lo que genera ciertos perjuicios a su economía.
Faustino Martínez Díaz, presidente del FAMA, dio a conocer que luego de que el Gobierno del Estado emitiera el Decreto número 0947-A-2020 donde se prohibió la práctica de colocación de créditos a los trabajadores de diferentes dependencias y al magisterio de Chiapas, el tema de los préstamos ha quedado suspendido.
Comentó que desde hace muchos años se venía dando en las cajas de ahorro de los sindicatos, y en las estructuras administrativas de algunas dependencias, que suscribían convenios con empresas financieras o negocios, para que los trabajadores pudieran hacer préstamos o compras a crédito, y la función era retener el pago correspondiente en la nómina.
Con esta acción se terminaron las financieras o fideicomisos que llegaban a cobrar hasta el 90 por ciento de intereses a las y los trabajadores que solicitaban un crédito, a quienes les descontaban hasta el cien por ciento de su salario, por encima de lo que dicen las normas laborales.
El presidente del FAMA aclaró que no son una entidad financiera, sino una caja de ahorro formada por los mismos trabajadores agremiados a la Sección 7, sin embargo, desde el año 2011 se creó como una institución de carácter laboral para dar préstamos con un interés del cinco por ciento anual, lo que es la tasa más baja del mercado.
El presidente precisó que este decreto no puede aplicarse al Fondo de Ahorro Magisterial al ser un instrumento jurídico de uso de los propios trabajadores, por ello, pidió al Gobierno del Estado buscar los mecanismos para que los trabajadores puedan obtener estos préstamos con un sentido humano, es decir, sin altos intereses ni otros abusos en los cobros.
Además, consideró que son los trabajadores de la educación los que deben decidir qué rumbo tomar en este tema.
