"Problemas torpemente atendidos se convierten en conflictos muy serios por la incompetencia política. Si policías estatales y federales van armados a desalojar trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sicartsa, el riesgo de que haya disparos es muy alto, como los videos exhibidos por El Universal revelan que ocurrió el jueves 20 de abril.
El gobierno no necesita dar la orden de disparar si autoriza armas en la operación. Infortunadamente dos trabajadores desarmados murieron sin que ahora nadie quiera asumir la responsabilidad de lo sucedido.
Aunque la Procuraduría ya enfocó sus baterías contra Napoleón Gómez Urrutia, junto con él los directamente involucrados son los gobiernos de la República, que preside Vicente Fox, y de Michoacán, que jefatura Lázaro Cárdenas Batel, a quien los perredistas atribuyen inexperiencia: ""Lo chamaquearon"", afirman.
El Senado y la Cámara de Diputados pretenden que una comisión investigadora esclarezca los hechos, identifique a los responsables y los someta a la autoridad judicial.
No es concebible que ahora se recurra a la fuerza policiaca para enfrentar problemas políticos y laborales, con tan dolorosos resultados. Tal parece que carecemos de mecanismos de negociación para resolver este tipo de problemas al estilo de Aguas Blancas. Entonces, cuando estábamos bajo un régimen hoy aborrecible, cayó el gobernador. Hoy, este asunto podría empantanarse.
Si los gobiernos necesitan averiguar qué pasó en una operación por ellos disenada y donde predominaban sus agentes, actores y testigos, no tienen muchas ganas de que la verdad trascienda. Cualquier oficial de guardia, atento a las frecuencias oficiales, sabe desde el momento mismo de las muertes cómo ocurrieron éstas.
Desde la explosión de gas metano en la mina de Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores y otros empleados perecieron, el gobierno ha dado tumbos en el manejo del problema minero, interfiriendo donde no debe y enredando las cosas de un modo increíble.
La delicadeza del proceso electoral puede resentir el impacto indeseable de una tensión política y laboral mal atendida. Es imposible no advertir cómo los problemas adquieren dimensiones peligrosas por la falta de seriedad, de rigor, de oficio y de voluntad de los funcionarios que deben resolverlos.
Lo de menos es que un conflicto produzca una calificación negativa para el régimen. Lo peor es que instale un periodo de inestabilidad que afecte la normalidad de la marcha del país. La investigación que corresponda debe concluir en un resultado veraz, con consecuencias legales claras para los responsables. Toda la sociedad ha sido agraviada por un episodio propio de los sistemas totalitarios. No podemos aceptarlo pasivamente.
Es vergonzoso atribuir a los trabajadores la culpa de la muerte de sus propios companeros. Este prejuicio no debe permear las indagaciones. La palabra posible es represión. Por allí puede estar la causa del triste episodio del jueves 20.
Los trabajadores tienen derechos laborales, cívicos, políticos y humanos. Dejemos que los ejerzan libremente dentro de la ley. (El Universal)
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