“El Congreso del estado no permitirá la corrupción y por ello, alcalde o exalcalde que haya incurrido en irregularidades y no cumpla con la comprobación del uso de los recursos públicos tendrá que aplicársele la ley”, dijo Ramírez Aguilar en un foro organizado en Tapachula.
Auditorías
El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtió que “no habrá protección para nadie. Quien no compruebe la utilización de los recursos públicos incurre en responsabilidad y las leyes se cumplen”.
Cuestionado sobre los resultados de auditorías a exalcaldes, entre ellos el de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFSCE), le encontraron irregularidades por más de 320 millones de pesos de los ejercicios 2013 y 2014, insistió en que la autoridad competente deberá aplicar la ley.
Nueva ley
Incluso, mencionó que en el marco de la nueva Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas federal, que se tendrá que adecuar a lo local, se podrán confiscar los bienes de aquellos funcionarios o exfuncionarios públicos que no comprueben en qué utilizaron los recursos que manejaron.
“Ya hay una disposición dentro de la parte federal que hay que bajarla al ámbito local, por la que el servidor público no solamente responda dentro del ejercicio de su cargo, que sea juzgado como ciudadano y no solamente con sanción administrativa, sino hasta privación de la libertad y la confiscación de sus bienes, hasta que compruebe el recurso utilizado”, insistió.
Acompañado de diputadas y diputados locales que participaron en el primer Foro de Consulta Ciudadana sobre la Reforma a la Constitución Política del estado, Ramírez Aguilar insistió en que a los servidores públicos ya se les pueden confiscar sus bienes. “Esa es una de las nuevas reglas de la fiscalización que se deben aplicar”.
