De acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor sobre los modelos de contratos de adhesión de proveedores de televisión de paga y telefonía celular, la totalidad de los convenios contienen cláusulas que se catologan como inequitativas en desproporción a cargo del consumidor que no están de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ante esto, la Secretaría de Economía está por emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular elementos mínimos que deberán observar los contratos de adhesión de proveedores de servicios de telecomunicaciones, su registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la garantía del equipo que se proporcione a los usuarios.
Se menciona que los proveedores sujetan la vigencia del contrato a un plazo forzoso, sin especificar al consumidor las causas, se confunde la prestación del servicio con la adquisición de los equipos, trasladan la responsabilidad del proveedor a un tercero ajeno al contrato y establecen que sólo cuando se interrumpa el servicio por un periodo determinado se bonificará al consumidor.
Adicionalmente, estos contratos permiten modificar al proveedor de manera unilateral los términos y condiciones del convenio, establecen penas convencionales excesivas para el consumidor, mientras que no se señala pena alguna a cargo del proveedor y no establecen las tarifas y montos que el usuario deberá pagar por la prestación del servicio.
La propuesta del anteproyecto mencionado incluye que si la contratación del servicio se realiza por un plazo forzoso, la garantía que otorgue el proveedor sobre el equipo terminal (teléfonos, computadoras, decodificadores, etc.) no podrá ser menor al plazo contratado.
A partir de esta norma pues, los contratos de adhesión no deberán contener cláusulas que condicionen la prestación del servicio a la adquisición de un bien, ni tampoco la obligación a contratar servicios adicionales.
Los beneficios de dicha aplicación se calculan en 36 millones, 394 mil 834.29 pesos al año para los consumidores, según datos de la dependencia, por lo que a partir de su vigencia, mejores condiciones rodearán la contratación de estos bienes y servicios a favor de los usuarios.
