El diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, comentó que la designación de la nueva alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, se dio con base a un argumento jurídico presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dijo que si bien, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal establece que se debió designar a un hombre como presidente municipal, dicho argumento fue legal y abría la posibilidad de nombrar a una mujer.
Como parte de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente, enfatizó que conocieron la decisión de la Comisión de Gobernación, asimismo el argumento para que fuera una mujer y no un hombre, y les pareció bastante acertada por lo que votaron a favor.
Sobre el posicionamiento del regidor de Tapachula, Isidro Ovando, en cuanto que impugnará el nombramiento de la ahora exsíndico, con base en el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal, que establece que el Congreso Local debió garantizar que la o el sustituto sea del mismo género a quien se sustituye.
El diputado indicó que el regidor esta en su derecho de impugnar la decisión, por lo que esperarán a que el proceso llegue a las instancias pertinentes y analicen si la decisión del Congreso de que fuese una mujer estuvo bien sustentada. Los tribunales pueden decidir si fue una violación, como también puede dictaminar que la decisión fue correcta.
Reiteró que la legislación es muy clara, sin embargo, se basaron en un argumento jurídico que permitía la designación de la síndico como alcaldesa, a pesar de no ser del mismo género que el finado exalcalde, como lo marca la paridad. “La ley sí lo permitía”.
En otros temas, sobre el conflicto armado entre grupos de Aldama y Chenalhó que se dio este martes, el legislador indicó que si bien la encargada de la operación política en todos los municipios es la Secretaría de Gobierno, de ser necesario podrían intervenir como conciliadores.
Ante este tipo de conflictos que parecieran no tener fin, señaló que no se trata de la falta de aplicación del Estado de derecho, al menos en el actual gobierno se ha dado prioridad al tema, ya que las disputas por división de tierras son muy añejas no solo en Chiapas, sino en muchas partes del país, pasando incluso de generación en generación entre las familias.
