Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenará la restitución del Cabildo de Chalchihuitán, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Elena Cruz Cruz, como presidenta municipal, y a Ramona de Jesús Sánchez Gómez, como síndica municipal de dicho Ayuntamiento.
En sesión extraordinaria, los diputados de esta comisión aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 81, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chiapas, dando cumplimiento así a la sentencia del tribunal.
Fue en agosto del año pasado que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el que se confirmaba la separación del cargo de Margarita Díaz y Hemerlindo García, como presidenta y síndico en el municipio de Chalchihuitán, respectivamente.
Dándose a conocer que la decisión fue tomada el 30 de julio del mismo año y fue confirmada en el Congreso Local, debido a que ambos fueron acusados de cometer actos de corrupción y habían sido detenidos para que enfrentarán el proceso como lo marca la ley.
Ante la sentencia emitida por el tribunal, las 38 comunidades y los dos barrios que conforman el municipio de Chalchihuitán, protestaron en la capital para decir que no van a permitir la reinstalación de regidores y regidoras, a pesar de la declaratoria.
Recordaron que los anteriores funcionarios incurrieron en desvíos de recursos millonarios, cuya cantidad asciende a los 70 millones 973 mil 544 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Mientras que con el Concejo Municipal la situación había fluido con normalidad.
José Francisco Hernández Gordillo, consejero jurídico municipal, explicó que con base en el análisis que hicieron, encontraron 25 anomalías que realizó el pasado Ayuntamiento y que están vinculadas al daño patrimonial como también al desvío de dinero.
Afirmó que la molestia es generalizada, por lo que la población se está organizando, para que en el 2021, las elecciones se realicen por medio de los usos y costumbres, sin la intervención de los partidos políticos.
Al respecto, el diputado Marcelo Toledo Cruz declaró con relación a las acusaciones que hizo el consejero jurídico Hernández Gordillo, sobre que cuatro de los regidores avalaron la Cuenta Pública 2018 con un desfalco superior a los 70 millones de pesos, que si no existe una sentencia de alguna autoridad judicial, se trata de una situación aislada.
Dijo que el Congreso de Chiapas está obligado a realizar la parte legislativa en el Pleno e instalar el Cabildo, pero será responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno vigilar que exista gobernabilidad, debido a que los grupos se están disputando el poder.
Finalmente, explicó que la exalcaldesa y el exsíndico no entran dentro de la sentencia del TEPJF, debido a que enfrentan un desfalco superior a los 70 millones de pesos y están en un proceso jurídico en la cárcel.