El alcalde de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, anunció el nombramiento de Nancy Mac como nueva presidenta del Sistema DIF municipal, en medio de señalamientos que apuntan a un presunto intento por desviar la atención tras acusaciones de corrupción dentro de la institución.
De acuerdo con versiones difundidas, el relevo en la titularidad buscaría “crear una cortina de humo”, luego de que a nivel internacional se evidenciara un supuesto esquema de desvío de recursos, así como la presunta complicidad de autoridades municipales para proteger a la extitular, su esposo y otros familiares, quienes habrían ocupado cargos relevantes. Asimismo, se ha señalado que existen investigaciones abiertas por parte de autoridades federales y estatales tras denuncias formales de corrupción.
Comunicado oficial
En un comunicado oficial, el alcalde informó que Nancy Mac, enfermera de profesión, asume el cargo con un perfil basado en el humanismo y la responsabilidad social.
La institución permanecía sin titular desde semanas atrás, en medio de acusaciones que generaron incertidumbre sobre la operación de los programas de asistencia social, los cuales, según señalamientos, no habrían tenido el impacto esperado en los sectores vulnerables.
Según el denunciante, un exfuncionario que decidió hacer públicas las irregularidades, el presunto desfalco atribuido a la expresidenta del DIF Suchiate, Fabiola Liliana Rodas Villatoro —quien fue destituida del cargo—, podría superar el millón de pesos. El señalamiento incluye un esquema de desvío de recursos, corrupción y nepotismo.
Pruebas
El exservidor público afirmó haber presentado 79 elementos de prueba en una denuncia formal, entre los que se incluyen registros de cuentas bancarias, depósitos, entrega de recursos y comunicaciones vía WhatsApp en las que presuntamente se instruía el desvío de fondos públicos hacia cuentas personales, tras varios meses de presiones.
El tema, según las mismas fuentes, ha sido evitado por el alcalde, quien ha atribuido las acusaciones a motivaciones políticas en contra de su administración, pese a la documentación presentada.
Hasta el momento, ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han emitido una resolución al respecto.
