El candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, está dando su lugar a la legalidad: la normalidad democrática. Así debe entenderse la impugnación de los resultados electorales del 2 de julio que ayer presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es un derecho constitucional y legal de los partidos políticos denunciar y probar las ilicitudes que se hubieran cometido en la actuación de cada casilla electoral.
Vistas y resueltas las impugnaciones, el TEPJF verifica la legalidad de todo el proceso y hace la declaratoria formal y solemne de que la República tiene ya, y no antes, un presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. En esa etapa se encuentra el proceso.
El senor Andrés Manuel López Obrador actúa dentro de la ley para impugnar el resultado de la elección presidencial que, según las cifras del Instituto Federal Electoral, le ha sido adverso. Si la denuncia procede, el Tribunal dirá qué corresponde hacer. Si no procediera, eso ya es otro problema, pero no es prudente adelantarse.
El Poder Judicial Federal ha resuelto conflictos altamente politizados relativos a las leyes electorales y ha interpretado el régimen político constitucional. Ha vigilado que la designación de los candidatos y el funcionamiento interno de los partidos se ajusten a la legalidad, y tiene el deber de hacer vigente, efectivo, respetado y respetable, el voto de los ciudadanos.
Esta confianza debe aliviar la inquietud de quienes abrigan el legítimo interés de saber a ciencia cierta que las elecciones -en las que participaron más de 2 millones de ciudadanos entre funcionarios de casilla, representantes de los partidos y observadores- fueron, como esperamos, limpias, y que las posibles inconsistencias en los cómputos están dentro de los rangos mínimos en que se dan en todo el mundo.
Ya es bastante preocupante que haya habido una abstención de más de 40%, y que se haya dividido entre tres al país, por lo que, en cualquier caso, tendremos un presidente elegido por la minoría de los votantes, aunque por la mayoría de los sufragios emitidos. Quien obtenga el triunfo será con 36%, contra 64% repartido entre los demás.
Un presidente elegido rigurosamente por la minoría está urgido de legitimación pronta, mediante la admisión de las demandas y propuestas que sus adversarios sostienen. Esto es independiente de la composición del Congreso.
Por lo pronto, hemos de ver con atención pero sin alarma las vicisitudes postelectorales, que deberán concluir con la claridad de los resultados, como es nuestro derecho, y las explicaciones que demanda la ciudadanía.
Los tiempos actuales reclaman de los contendientes altura de miras, de los virtuales ganadores y los virtuales perdedores, para que esta etapa del proceso electoral presidencial se enfrente con serenidad y se resuelva con apego a la norma constitucional.
El próximo gobierno sexenal bien merece entrar totalmente legitimado para que pueda enfrentar con unidad y prontitud los grandes rezagos nacionales.
