Estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá protestaron en las afueras de sus instalaciones, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las instancias gubernamentales el pago de los salarios a 23 maestros y la liberación de recursos para reestructurar el sistema de internado.
Sin responder las preguntas a los medios de comunicación, insistieron en que hay desatención hacia el personal docente, lo que genera un impacto en la educación de los jóvenes, porque los catedráticos no cuentan con recursos para laborar.
Una de las representantes de los trabajadores, docentes, administrativos y personal de costeo, comentó que desde el mes de enero de este año no han recibido un sólo peso relacionado con sus servicios.
Promesas de pago
A cambio, añadió, sólo han tenido promesas de pago por parte de las autoridades que no se reflejan en los bolsillos de los afectados, a pesar que el dinero que requieren va enfocado hacia la manutención de varias familias. No revelaron cuanto les deben.
Lo que ahora busca, dijeron, es que los representantes de educación instalen una mesa con el orden de resolutivo, debido a que han tenido diálogo pero sin soluciones.
“Se niega -la autoridad- a coberturar las necesidades básicas de nuestra institución, las cuales han puesto trabas en otorgar los recursos que, como Normal Rural, nos corresponde”, dijo uno de los estudiantes que, por temor a represalias, omitió su nombre.
Los normalistas se han caracterizado porque, en los últimos años, han realizado una serie de movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez, justificando que las autoridades han atentado en contra de ellos.
Las Normales tiene la función de dar cobijo a los estudiantes de escasos recursos y a los hijos de campesinos y, aunque los jóvenes denuncian que el gobierno tiene la intención de desaparecerlas, también han sido señalados de organizar actos vandálicos que no sólo afectan a las instituciones, también a la población.
Finalmente, aclararon que no van a permitir que ninguna autoridad vulnere los derechos que tienen de organización y, tampoco, que las políticas públicas estén orientadas a la desaparición de dichas escuelas.
