El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, debe al país una explicación fehaciente de lo que ocurre con el periódico Noticias de Oaxaca, cuyas instalaciones en la capital del estado fueron asaltadas el lunes por la noche por casi un centenar de forajidos enmascarados, armados con pistolas, bates de beisbol y varillas de acero.
Presuntamente buscaban desalojar a 31 periodistas retenidos desde hace un mes por trabajadores huelguistas pertenecientes a la CROC. Los periodistas, sin embargo, habían continuado laborando en la edición del diario, cuya circulación no se ha suspendido.
El secretario Carlos Abascal anunció ayer que la Secretaría de Gobernación intervendrá en este asunto en vista de que las autoridades locales, lamentablemente, no han tenido la capacidad de mediar en un conflicto de apariencia laboral y han permitido que los acontecimientos hayan alcanzado los grados de violencia del lunes.
Hace un mes, presuntos trabajadores del diario, identificados como miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, emplazaron a la empresa a una huelga y cerraron las instalaciones, pero los informadores que permanecieron retenidos en el interior continuaron la edición del rotativo. Los periodistas han senalado enfáticamente al gobernador Ulises Ruiz como autor del atentado, sin que haya habido ninguna aclaración oficial al respecto.
Existe un antecedente que quizá podría clarificar el fondo del asunto: el diario ha mantenido una línea crítica contra el gobierno del estado desde la anterior administración, que concluyó en diciembre del ano pasado; por otro lado, en los casi ocho meses que Ruiz lleva como gobernador ha mostrado escasa atención al sentir de los ciudadanos, como cuando arrasó los anosos árboles de la bella plaza central de Oaxaca para abrir una nueva explanada.
Ahora encara una situación cuya gravedad no parece sopesar cuando un diario evidentemente independiente del poder público es agredido de manera abierta y contundente.
Si el conflicto de Noticias de Oaxaca tiene orígenes en verdad laborales, las autoridades tienen la obligación de atenderlo y resolverlo. Así ganarían en credibilidad, imparcialidad y eficacia. De no ser así, estaríamos ante un nuevo intento de represión de las libertades de información, expresión y prensa, siempre proclamadas, y lo son, como imprescindibles para que las demás libertades ciudadanas y políticas puedan manifestarse.
En varias ocasiones hemos presenciado cómo las embestidas contra la prensa libre se disfrazan de muchos modos. Y hemos comprobado cómo, finalmente, la prensa libre sale multiplicada y fortalecida.
El colmo de este episodio es que ha convocado la exigencia de la Sociedad Interamericana de Prensa a las autoridades federales para que lo resuelvan, así como las denuncias directas de periodistas ante la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, es que tiene como escenario uno de los estados, Oaxaca, más lastimados por la pobreza, más ofendido por la violencia social y política y muy rezagado de las cifras promedio de los avances económicos nacionales.
Del desenlace de este espinoso caso dependerá mucho la credibilidad de un gobernador nuevo, como Ulises Ruiz Ortiz, que aún tiene tiempo de demostrar su voluntad política, su competencia en el mando y su compromiso de respetar, y hacer respetar, los derechos fundamentales de la sociedad mexicana y los que establece la Constitución. (El UNIVERSAL)
