"A situación de la justicia internacional ha evolucionado de manera acelerada en las últimas décadas. Tanto, que es común que sistemas judiciales de distintos países han conseguido superar las fronteras nacionales y reclamar la presencia y custodia de ciudadanos extranjeros, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Y no nos referimos a los normales trámites de extradición de ciudadanos que han escapado de su justicia local, por delitos cometidos en sus países de origen. Se trata de juicios y órdenes de aprehensión contra presuntos genocidas, que en sus momentos de mayor poder y arbitrio ignoraron las leyes y la condición humana de sus enemigos políticos. El juez de la Audiencia Nacional espanola, Baltazar Garzón, sentó precedente al pedir, en 1989, la extradición del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, acusado de asesinar a ciudadanos espanoles durante los anos de la guerra sucia en Chile. Ahora es otro juez de la misma Audiencia, Santiago Pedraz, quien ordenó la busca, captura y detención internacional de tres militares estadounidenses, a quienes se acusa de haber asesinado con un misil al periodista espanol José Couso, en abril de 2003, cuando se encontraba grabando imágenes desde la recámara de su habitación en el hotel Palestina, de Bagdad, durante la ocupación de Irak por parte del ejército de Estados Unidos.
Organizaciones internacionales de periodistas han calificado este evento como un auténtico crimen de guerra.
Aun cuando expertos en leyes internacionales ven difícil que Estados Unidos entregue a sus compatriotas a la justicia espanola, lo que es un hecho es que ya no es posible ignorar tan fácilmente a la nueva justicia internacional, que reclama la protección de los derechos humanos de cualquier persona sobre el planeta. De hecho, en defensa de su país, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice ha dicho que lo del hotel Palestina pudo haber sido un error, pero que en todo caso ""así es la guerra"".
El juicio que se ha iniciado contra Saddam Hussein, en Irak, es otra muestra de que cada vez es menos fácil impedir la acción de la justicia internacional. Los crímenes de lesa humanidad ya no pueden quedar impunes, pese a que haya poderosas naciones interesadas en ignorar a la comunidad internacional. Como por ejemplo Inglaterra, que protegió con argucias legales a Pinochet, o el propio Estados Unidos, que no suele extraditar a conciudadanos suyos y que históricamente ha ignorado la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, para juzgar a estadounidenses, acusados de los más tremendos crímenes.
Vale la pena apoyar la globalización de los sistemas judiciales del mundo, de tal manera que, sin violentar la soberanía de las naciones, actúen en favor de los derechos humanos a los que se debe proteger. Los dictadores o quienes incurran en excesos a la hora de ejercer poder político, económico o militar deben saber que ya pasaron los tiempos en los que se podía eludir el juicio de la historia y ocultar matanzas o torturas. Hoy el mundo es más pequeno, está más interconectado en todos los ámbitos y la fiscalización de los crímenes no es la excepción.
En tal sentido, México deberá actuar a la vanguardia judicial del mundo y estar dispuesto a someterse a la protección de los derechos humanos, vía las cortes de otros países, si es que aquí es imposible hacer justicia a genocidas nacionales, o si trata de ocultarse en nuestro territorio algún presunto criminal de esta catadura. Lo importante es que se haga justicia y no quede ningún crimen de lesa humanidad impune en ningún rincón del mundo. No basta que el juicio de la historia les sea adverso, deben responder ellos mismos por sus actos.
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