En las próximas semanas, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará la iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, que a decir del consultor fiscal y patrimonial y vicepresidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Chiapas, Néstor Gabriel López López, impactará de forma importante a todos los sectores del país.
Consideró que es una ley correcta porque beneficia a todos, pero el punto está en las proporciones de los lineamientos que busca establecer, considerando que la ley aplicaría sólo a personas morales.
Indicó que muchos empresarios no entienden que tienen que regularizar bastantes cosas en sus unidades de negocio, que vienen como un lastre. Se necesita mayor conocimiento de los cambios que traen las leyes, porque algunos se quedan con viejas prácticas.
Mencionó que también habría que considerar que esta iniciativa llega en el ámbito de la reforma penal-fiscal, casi inquisidora hacia el sector empresarial; en el contexto de la pandemia, en el que no hubo apoyo fiscal a los empresarios; en medio de una gran pérdida de empleos, y todo esto traerá una oleada de informalidad.
En ese tenor, Carlos Alberto Pérez Macías, coordinador de la Comisión de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal, consideró que cambia el ambiente político porque sin duda Morena va ganar votos con esa ley, con todo el sector de trabajadores, porque garantiza seguridad social a todos.
Explicó que este marco normativo tiene como sustento el resguardo y protección de los derechos humanos por parte de las empresas, sin embargo, por todo lo que contempla, se prestará en caso de que sea aprobada a una serie de amparos.
Busca determinar las reglas para normar la conducta responsable de las empresas, con el objeto de que estas eviten y en su caso, mitiguen los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales.
Lo anterior en lo relativo a las condiciones de los trabajadores, el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el combate a la corrupción, la protección a los derechos de los consumidores y la exigibilidad del gobierno corporativo y los programas de control y cumplimiento.
Si bien es coherente en su marco normativo general, los empresarios podrían tomarlo como cargas pesadas, pero técnicamente estas ya existen, derivado de la publicación de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el 2016.
Además refiere a la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos, como el compromiso que tienen las empresas de cumplir en la práctica con las obligaciones en todas las materias que imponga la legislación, compromiso corporativo político de derechos humanos, proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, establecimiento y participación en procesos de reparación de violaciones a derechos.
En general, los derechos humanos que contempla son los siguientes: condiciones de trabajo y empleo, de libre sindicación, participación en la comisión de violaciones graves a derechos humanos, igualdad y no discriminación, vida digna y adecuado nivel de subsistencia.
