Sobre el Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para facultar a las Fuerzas Armadas a que participen en funciones de seguridad pública, la diputada local Olga Luz Espinosa Morales cuestionó que dicha transición se haga en plena contingencia sanitaria y puso en duda los pocos resultados que ha tenido la llegada de la Guardia Nacional a México.
Lo que se plantea en el DOF es que la fuerza militar esté en apoyo pero en un tiempo menor a los cinco años; durante esos meses, se supone, quedará lista toda la estructura y capacidad de la Guardia Nacional, la cual se espera sólo sea del orden civil.
Sin embargo, Espinosa Morales opinó que el Decreto que se publicó no es acorde con la realidad, pues se incumple con un acuerdo para capacitar a los elementos de la Guardia Nacional y se entendería que “los recursos que fueron destinados para el operación de la misma están siendo desperdiciados”.
Insistió que con las nuevas atribuciones que se le da a las Fuerzas Armadas se genera incertidumbre para conocer qué papel jugará la Guardia Nacional y los mecanismos que se tengan para evaluar su desempeño. La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó lo que dijo su homólogo federal -y uno de los que más cuestiona al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- Porfirio Muñoz Ledo, al señalar que ese cuerpo de seguridad -GN- estaba realizando funciones ajenas a su encomienda.
Espinosa Morales remarcó: “Además este Decreto resultaría contradictorio, toda vez que hay una ley para la Guardia Nacional, el compromiso es que las Fuerzas Armadas ya no estarían realizando funciones de seguridad pública, si bien es cierto que hay un lapso para la transición, ¿por qué realizarlo en este momento de emergencia sanitaria?”.
Con base en la información oficial, las Fuerzas Armadas estarán, siempre, bajo una supervisión y control de un órgano interno, a fin de que no se cometan abusos de autoridad. Este acuerdo ya es oficial y termina su vigencia el 27 de marzo de 2024.
Sin embargo, la perredista añadió que, en principio, las autoridades presumieron que la creación de la GN evitaría que las Fuerzas Armadas cumplieran tareas de seguridad pública, no obstante, “lo que genera más inconformidad es que estamos observando que poco a poco el Gobierno Federal le concede a la Sedena que se haga cargo de ciertos servicios en que esta última no debe participar: como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía”, enfatizó.
Con las atribuciones otorgadas, dicho cuerpo de seguridad podrá participar en actividades como: la prevención de los delitos, estar en zonas fronterizas y turísticas; realizar operaciones de encubiertas, análisis táctico o técnico; decomisar bienes, detener personas, vigilar entrada o salida de mercancías, apoyar -siempre que se solicite- en la detención de migrantes, además de definir infracciones vinculadas al tránsito en caminos y puentes federales.
