Las nuevas obligaciones fiscales que se marcan a través de la Carta Porte por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), documento que deben tener todos aquellos empresarios que muevan mercancía bajo el concepto de compraventa, tiene como propósito combatir el contrabando de productos y recaudar unos 100 mil millones de pesos en el 2022, dijo Jonathan Magaña Macías, director general de Integra Consorcio.
El especialista comentó que existe un porcentaje considerable del sector empresarial que aún desconoce el tema, en otros casos piensa que sólo será una obligación para las compañías de transporte, pero la realidad es que aplicará para aquellos que muevan bienes tangibles.
Las personas que no acaten estos cambios, que entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre, podrían recibir multas de siete y hasta 90 mil pesos, no obstante, los daños más grandes podrían reflejarse en que los vehículos pueden quedar parados en los puntos de revisión, en tanto se resuelve la situación.
Al preguntarle a Magaña Macías si la implementación de la Carta Porte es una buena medida para el sector, consideró que se trata de una acción que busca corregir anomalías en los cargamentos irregulares de mercancías, toda vez que el SAT -apuntó- ha detectado que 6 de cada 10 camiones mueven productos en forma de contrabando.
“El problema es que nos da la obligación a todos los empresarios, como dice el refrán: ‘Pagamos justos por pecadores’. Es una carga administrativa llenar este documento que es muy amplio, son 150 datos que hay que llenar”, enfatizó.
Para Magaña Macías no queda de otra, los empresarios locales -y también nacionales- deben entrar a una etapa de capacitación, a fin de que sus actividades no se vean afectadas por un requerimiento que entrará en vigencia en las siguientes semanas.
De manera general, hay una estimación de que un 70 % de los contribuyentes mueven, de alguna forma, mercancías o productos, esta situación los pone en la obligación de tener vigente la Carta Porte.
Para Chiapas y Oaxaca, opinó el especialista en temas fiscales, la disposición del SAT supone un reto mayor, debido a que se trata de dos estados que presentan constantes bloqueos carreteros y si un camión cambia de ruta, la ley señala que deben emitir un nuevo documento.
En el caso de Integra Consorcio, puntualizó su director general, en los últimos dos meses un promedio de 300 empresas han recibido asesoramiento; lo que se espera, detalló, es que la autoridad defina los alcances que tendrán los cuerpos policíacos para hacer las revisiones de los vehículos en los tramos carreteros.
