Los nuevos sistemas digitales del Infonavit evitarán el incumplimiento de la nueva normativa para evitar el desarrollo de conjuntos habitacionales mal planificados; la vigilancia de la calidad de las viviendas buscan proteger el patrimonio de los trabajadores que reciben menores ingresos, detalló el titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DTS), Mario Macías Robles.
Destacó que las Reglas de Carácter General del Infonavit entrarán en vigor a partir del próximo 2 de mayo, las cuales buscan beneficiar a los derechohabientes y ofrecer nuevos productos y esquemas para cubrir las diferentes necesidades de los trabajadores.
Estas necesidades se entienden como “el financiamiento para compra de suelo con fines habitacionales, con la misma tasa que supone un crédito hipotecario, y la posibilidad de ejercer más de un crédito una vez liquidado el anterior”.
Esta nueva reglamentación busca garantizar jurídicamente que las Zonas de Consolidación Urbana (ZCU) cumplan con el equipamiento en telecomunicaciones y urbano como mínimo necesario.
La cual detalla que los conjuntos y empresas que no cubran los nuevos requerimientos serán inviables como sujetos de financiamiento. El titular detalló que la ley obliga a las constructoras a una cercanía no mayor a 2.5 kilómetros de centros de trabajo, educativos, comerciales y recreativos, con el objetivo de garantizar una vivienda digna para los acreditados.
Destacó como otro de los alcances del Consejo de Administración del instituto, la decisión de fijar en 4.99 % el ajuste anual de los créditos en Veces Salario Mínimo, en lugar de 7.38 % como correspondía por ley, con la finalidad de apoyar a los 3.5 millones de derechohabientes que están bajo este esquema y evitarles afectaciones.
A nivel estatal existe una demanda de 78 mil 810 derechohabientes del Infonavit, de los cuales el 69 % recibe ingresos menores a 12 mil pesos, por lo que requieren oferta inmobiliaria de un valor menor a los 500 mil pesos.
Al cierre de 2021, el Infonavit otorgó 8,427 créditos en la entidad, donde el 37 % se destinó para financiamiento hipotecario y el resto para realizar mejoramiento de vivienda.
