Inconforme por la autorización y cobro que realiza el Ayuntamiento para que un grupo de vendedoras dedicadas al comercio de pescados y mariscos se instalen, obstruyendo el paso a su propiedad y ocupando la banqueta, una comerciante de la calle Rayón y Madero solicitó conforme al Bando Municipal que se desalojara a este grupo del lugar.
Soledad Puón expuso su molestia ante las autoridades no solo por el fuerte olor de la mercancía que expenden, sino también por la obstrucción al acceso a sus instalaciones, pues ella se dedica al comercio y paga puntualmente los impuestos correspondientes.
Orden de desalojo
La petición le fue concedida primero por juicio administrativo, en el que se ordena el desalojo de las comerciantes, y además solicitó al director de Servicios Públicos, al director de la Policía, al director de Vialidad y al edil Regulo Palomeque vigilar para que las demandadas no volvieran a colocarse en la zona.
Sin embargo, ninguna de las autoridades municipales acataron la decisión del juez administrativo primero y tampoco el mandato del juez federal que, mediante amparo entablado en la ciudad de Tapachula, se realizó en contra del edil municipal por desatender el mandato a un amparo previo que también se había interpuesto en Tapachula.
En el segundo amparo, la señora Soledad Puón hizo la petición al edil para que cumpliera con el mandato judicial, en tanto el juez federal solicitó que se cumpla con la sentencia y se desaloje el espacio en mención, pero ni una ni la otra cumplió el alcalde, y en la actualidad los comerciantes siguen en el mismo lugar.
Según la información, fue el propio hermano del presidente municipal, Margarito Palomeque, quien habría dado posesión a ese grupo de comerciantes durante una madrugada con la instrucción de que no se movieran de allí.
El hermano del edil supuestamente habría quitado unas barreras que la señora colocó para evitar que las comerciantes se establecieran allí, con maquinaria pesada y camiones de volteo.
Ante estos hechos y al tener conocimiento del desacato, el juez federal ordenó a la autoridad municipal un informe justificado sobre la ejecución de la sentencia dictada o si hubo el desacato -tal como ocurrió-, aplicándose una multa, pero el tiempo sigue pasando sin que se entregue el informe solicitado por el juez federal.
