El director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, reconoció que un gran número de sindicatos en el país todavía siguen practicando una democracia simulada, que sólo está en el papel, y no existe una participación real de las y los trabajadores.
Mencionó que en los procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT), sólo el 0.6 por ciento ha sido rechazado por los trabajadores.
Esto refleja que este requisito establecido en la reforma laboral, lejos de desestabilizar los centros de trabajo dan confianza a los empleadores, porque saben que las dirigencias cuentan con el respaldo de las y los trabajadores.
Domínguez Marrufo aseguró que en el nuevo modelo laboral las y los trabajadores ejercen su voto de manera informada, porque no atentan contra su fuente laboral.
“Hay quienes no conocen y no saben en qué términos está su contrato colectivo de trabajo, ni siquiera para conocer y exigir sus derechos, o también para cumplir de mejor manera sus obligaciones”, indicó.
Agregó que la democracia sindical no sólo significa un cambio de artículos a la Constitución o a la Ley Federal del Trabajo, sino que es el surgimiento de una nueva cultura laboral, “que busca acabar con la negociación en lo oscurito y la poca participación de las y los trabajadores”.
Enfatizó que en el nuevo modelo de justicia laboral, tanto empleadores como sindicatos tienen que establecer reglas claras de negociación, donde la concertación y el diálogo sean los principios para lograr el acuerdo, y que no sea el gobierno el que deba decir el tope salarial, ni sean los patrones los que lo impongan a la representación.
Recordó que las organizaciones del país tienen de plazo hasta mayo del 2023 para realizar la legitimación de sus contratos colectivos de trabajo; destacó que de los 2 mil 175 contratos colectivos de trabajo legitimados hasta el momento, sólo 13 se han dado por concluidos, al no contar con el voto mayoritario de los trabajadores.
La legitimación de contratos quedó establecida en la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, quedando como una obligación de los sindicatos para legitimar todos los contratos colectivos existentes que se hubiesen depositado en las juntas locales de Conciliación, o bien, en la Junta Federal.
La ley establece un término de cuatro año para poder llevar a cabo esta legitimación, que es del primero de mayo de 2019 hasta el primero de mayo de 2023. En ese plazo los sindicatos deben realizar ese proceso.
