La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa como un “elefante blanco” en la supervisión de las bombas que se utilizan para despachar gasolina en Chiapas, tomando en cuenta que ya se evidenció a nivel nacional la forma en que operan algunas empresas gasolineras, denunció Julio César Cancino Cancino, presidente de la Fundación Filantrópicos Unidos por México.
Relató que desde hace años como organización han denunciado las irregularidades que ocurren con la compra de gasolina; lamentablemente, las autoridades han hecho muy poco para solucionar el problema.
En la actualidad, remarcó, la Profeco no tiene los recursos humanos para revisar, por lo menos, las gasolineras que se encuentran en las principales ciudades del estado; a nivel nacional ya se dio a conocer las técnicas (diablitos, chips y rastrillos) que se utilizan para no dar los litros completos.
“A raíz de que existe este robo de gasolina, ya implementaron los empresarios este tipo de torres para que en ellas tengan su sistema de operación, tienen el control eléctrico de las bombas”, complementó.
En las reuniones que tuvo con el delegado de la Profeco en Chiapas, dijo, el funcionario federal reiteró que en la entidad están limitados para poder actuar en las supervisiones u operativos en las empresas; ni siquiera pueden hacer calibraciones de bombas, denunció el líder social.
“Los empresarios están conscientes de esto, saben perfectamente que las autoridades no van a actuar”. Cancino Cancino opinó que lo más viable para darle salida a la población que se queja del robo del combustible, es que se pueda crear una Comisión Ciudadana con representación jurídica, a fin de darle seguimiento a todas las denuncias.
Debido a las advertencias que se han hecho en el país, sugirió, la dependencia federal tiene que ser más drástica al momento de aplicar las sanciones; de las más de 12 mil 500 bombas que existen en el país, estimó, ni siquiera se han sancionado al cinco por ciento, aun y cuando la molestia es mayor.
Finalmente, dijo que la Profeco no ofrece respuestas favorables para la población, tampoco cumple con sus obligaciones para revisar mercados u operar en contra de las empresas que violen las leyes.
