"Francisco Valdés Ugalde * SUN. Oaxaca viene a ser la prueba del eslabón más débil. La ""teoría"" del eslabón más débil es un concepto de la lucha revolucionaria, pero sea o no el propósito de la APPO aplicarlo o siquiera concebir la situación de esa manera, es pertinente examinar desde esa óptica los hechos que se presentan en esa entidad.
Empecemos por el principio. Las autoridades federales han reclamado no tener potestad para resolver los graves asuntos que se conjuntan en ese estado, principalmente en su ciudad capital. Ni el Ejecutivo ni el Senado han dado pie con bola en su aproximación al problema. El secretario de Gobernación y la vocería de la Presidencia han repetido hasta el cansancio del público que ""el gobierno federal no quita ni pone gobernadores""; que una vez elegidas las autoridades de una entidad federativa, no corresponde al Poder Ejecutivo defenestrarlas por alguna causa que lo ameritase.
El Senado, por su parte, emitió, con base en su poder constitucional de declarar la inexistencia de poderes en un estado, un dictamen que senala que todas las condiciones para hacerlo estaban presentes, excepto una, a saber, que el gobernador, la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia de ese estado estaban en funciones y que, por consiguiente, no han desaparecido. En pocas palabras, el Senado entendió su facultad como la de un médico forense que se limita a certificar la muerte del paciente y no puede hacerlo mientras éste se revuelque en estertores de agonía.
Frente a estos posicionamientos de los dos poderes del Estado competentes en la materia de guardar la gobernabilidad del país, sólo cabe preguntarse si en verdad los poderes desaparecidos no son los de ellos. zEs que el Presidente, que en la Constitución es concebido como ""jefe del Estado"", no puede en rigor hacer la declaración política que corresponde para llamar a las cosas por su nombre? Que se sepa, nadie en su sano juicio le ha pedido al casi ex presidente en funciones Fox que despida al gobernador Ruiz. Se le ha conminado solamente a eso: hacer la declaración correspondiente a la dignidad de su cargo, de que en Oaxaca priva el desorden a secas, y que esa situación ha pasado a afectar a la Federación, es decir, a la unión de los estados federados. Deber mínimo del Presidente, de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución y la ley.
Y por lo que respecta al Senado, si la propia fracción priísta llegó a la conclusión de que en Oaxaca la situación es insostenible y que la gobernabilidad ha desaparecido para dejar la cancha libre a los intereses que se proponen deliberadamente la desestabilización, a qué viene entonces la tolerancia frente a la decisión del gobernador Ulises Ruiz de permanecer en su cargo haciendo gala de su necedad y contumacia.
Si los ciudadanos debiésemos saber algo más, hasta ahora no se nos ha informado. Con los datos disponibles en la mano sólo es posible concluir que las autoridades competentes han renunciado a ejercer sus competencias y a cumplir con su deber.
Pero también es posible apreciar que el entramado legal que combina competencias del orden local con las de nivel nacional es inadecuado para la gobernanza democrática. Si a la incapacidad de las autoridades federales para resolver un asunto que afecta al país en su conjunto, y que niega la tesis de que se traspasará al próximo gobierno un país en calma, se suma el galimatías jurídico que aún consagra, después de su defunción, el sistema presidencialista de partido hegemónico, podemos darnos cuenta cabal de la gravedad del asunto.
El gobierno de la alternancia que se propuso, Fox dixit, establecer un orden constitucional democrático fracasó en ese intento. Además, luego de su derrota, negó la cruz de su parroquia senalando durante casi cinco anos que ese no había sido su propósito, sino que, en realidad, se concebía a sí mismo como ""heredero"" del sistema priísta. A confesión de parte, relevo de pruebas.
La gravedad de la situación en su conjunto, de la que Oaxaca forma una parte, puede describirse como una en la que la característica principal es la debilidad del Estado. Pasamos de un Estado autoritario fuerte a una democracia débil. En el primero, la ley y el orden dependían del arbitrio de los círculos concéntricos del poder que se iniciaba en el binomio Presidencia-partido y terminaba en la eficacia para gobernar, con pocas excepciones, cada orden local. En la democracia, en ausencia de un cambio de las relaciones vinculantes entre los actores decisivos de la vida pública, la representatividad del gobierno y la legitimidad del Estado son lastimados desde dentro y desde afuera. Basta con que algún actor o grupo manifieste un desafío con la decisión de llevarlo hasta sus últimas consecuencias para ver la película completa: si no hay una autocontención del actor por alguna limitante interna, las condiciones externas le permiten llegar hasta donde quiera.
La ceremonia anual oaxaquena del sindicato de maestros, consistente en paralizar las escuelas para alcanzar nuevas prebendas, fue aprovechada esta vez por un conjunto de organizaciones reunidas en la APPO para elevar su demanda contra el gobernador hasta la parálisis de la entidad completa y sembrar de minas el terreno del orden federativo.
No es el primer acontecimiento de esta naturaleza en lo que va del gobierno que termina. De ahí que su gravedad consista en manifestarse como un evento más de una constante: la incapacidad del poder legítimo para imponer la ley y el orden ahí donde la vida social lo reclama. Desde las bandas criminales convertidas en sociedades anónimas hasta las organizaciones del pueblo movilizadas sin ton ni son, se genera un reto para el Estado en el que la cuenta sale invariablemente deficitaria para la capacidad de gobernar en democracia. No cabe duda: las malas noticias siguen siendo noticia. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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