"Ante la imposibilidad de convenir acuerdos para llegar a una solución pacífica, el gobierno federal tomó la más temida decisión, exigida por algunos pero repudiada por otros: ordenar a las fuerzas del orden recuperar la capital de Oaxaca en manos de la sección 22 del magisterio y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El desalojo de estos manifestantes fue largamente pospuesto por el gobierno, debido a los riesgos que implicaba el hecho, aunque se había planeado como una ""operación quirúrgica"". Sin embargo, el tiempo se agotó. Las fuerzas federales entraron a cumplir su cometido, desarmados, pero con todo el poder que les otorga su propia condición y el avanzado equipo antimotines contra el cual no hay fuerza que resista.
La intervención federal había sido reiteradamente solicitada por el gobierno local debido al agravamiento de los trastornos que durante más de cinco meses han causado 14 muertes y danos multimillonarios. El punto crítico, anterior al envío de tropas policiales, ocurrió el viernes 27, cuando cuatro personas, entre ellas el camarógrafo estadounidense de televisión Bradley Roland Will, de 36 anos, fueron abatidas a tiros.
Varias veces hubo promisorios avances en las negociaciones entre el gobierno federal y los representantes de los maestros y de la APPO, que se vieron frustrados por la negativa de unos y la exigencia de otros a proceder en la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El último acuerdo anunciaba la vuelta a clases hoy, lunes.
El Gobierno Federal resistió fuertes presiones de quienes, con el argumento legítimo de garantizar la seguridad y el orden, le exigían restablecer el estado de derecho. Pero al mismo tiempo desatendió la demanda de quienes pusieron como condición la renuncia del gobernador. Hasta ahora, cuando la situación se ha complicado en extremo, se tomó la medida más indeseable.
Sólo queda esperar que esta operación resulte verdaderamente ""quirúrgica"" y no aumente el saldo negativo que ya acumula el conflicto en la entidad y es de esperar que se lleve a cabo sin la brutalidad ni los abusos que distinguieron los sucesos de San Salvador Atenco, en el estado de México, hace seis meses justamente esta semana.
La situación es sumamente delicada, los ánimos están exacerbados y la sociedad agotada por un conflicto descompuesto por los excesos particulares, la intromisión de intereses políticos ajenos y la intransigencia de ambas partes.
México necesita certidumbre. Esperemos que el paso dado ayer por el gobierno federal sea sólo el tránsito para restablecer la normalidad democrática en el estado sureno, pero también el inicio para atender las demandas populares que detonaron el conflicto. Habrá que hacer un balance para deslindar responsabilidades entre todos los actores que complicaron la situación.
No sobra advertir que diversos organismos de defensa de los derechos humanos se mantienen atentos y que habrán de velar por el irrestricto respeto de la autoridad a las garantías individuales de todos los involucrados en esta operación, posiblemente necesaria, pero que deberá ajustarse con rigor a la ley. (El Universal)
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