En la Suprema Corte andan muy preocupados porque los funcionarios públicos no hacen caso de sus resoluciones. Cada vez son más los esfuerzos en tiempo y dinero que esta institución destina para hacer que se cumplan (que se ejecuten) los amparos conseguidos en su seno por particulares.
Ante esta situación los ministros lanzaron una advertencia: aplicarán su facultad de separar a los servidores públicos de sus cargos y consignarlos ante un juez -por los delitos de desacato y abuso de autoridad-, si se continúan ignorando las resoluciones de la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Y para que el tema no quedara en mera especulación, discutieron, en dos casos distintos, la posibilidad de destituir al Presidente de la República y al jefe de Gobierno del DF, por demoras en el cumplimiento de un fallo contra el ISSSTE y otro contra la Tesorería del gobierno capitalino.
Desde luego, las autoridades cumplieron antes de que las sanciones se llevaran a cabo. Sin embargo, en otros casos el dilema no se queda ahí. Si los funcionarios obedecen sin más, ellos pueden caer en un delito aún mayor: desviar recursos que no fueron presupuestados por el Poder Legislativo para el pago de condenas. Y es que los únicos facultados para definir el destino de los recursos públicos son los legisladores, no el Poder Judicial.
En democracias más serias el asunto se resuelve de manera sencilla: el Legislativo establece ano con ano una partida especial para el pago de sentencias judiciales. De hecho, en México se ha hecho así, pero el monto asignado a esta partida suele ser ridículo. El verdadero irresponsable, por lo tanto, no es ni el funcionario que enfrenta el dilema de cometer el desacato ni el juez que ordena los pagos, sino el legislador que siempre quiere evitar salir políticamente gastado. El Universal
