El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, consideró que “es muy difícil” que las alcaldesas de Chanelhó, Rosa Pérez Pérez y de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, puedan ser restituidas en la cabecera de su municipio como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que exhortó a las autoridades estatales a “seguir buscando caminos para que este asunto se resuelva de forma pacífica, gracias a mucho diálogo con ambas mujeres y con quienes ejercen los cargos que, según la ley, a ellas corresponden”.
Dijo que así como está la situación en ambos municipios, su reinstalación, “afectaría la estabilidad de estos pueblos, pondría en riesgo la paz social y peligraría la seguridad de muchas vidas”.
En un documento sostuvo que “es muy difícil que estos pueblos permitan a estas dos damas tomar posesión de su cargo y presidir los respectivos ayuntamientos en su propia sede. Es aquí donde debe prevalecer el amor de ellas por su pueblo, la búsqueda suprema de la paz entre sus comunidades, su propia seguridad y tranquilidad, el progreso armónico de sus municipios. No debería prevalecer la ambición de poder y de dinero, mucho menos la prepotencia y la alianza con fuerzas oscuras desestabilizadoras. Como mujeres, son dignas de todo respeto y no han de ser discriminadas”.
La Sala Superior del TEPJF ordenó el 17 de agosto pasado restituir a Pérez Pérez y el 1 de septiembre resolvió en el mismo sentido respecto de Sánchez Gómez, ambas del Partido Verde Ecologista de México, destituidas por el Congreso local debido a presiones de sus opositores. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido restituida en el cargo, ya que no existen condiciones políticas.
“Ambas mujeres son muy preparadas, con estudios y con relaciones políticas que han logrado, pero por diversas presiones y diferentes motivos, no pudieron mantenerse en el cargo y fueron presionadas a renunciar temporalmente”, aseveró.
Agregó que “acudieron a los tribunales federales y se ha ordenado que sean reinstaladas en sus puestos”, pero “no ha sido posible que esto se ejecute con normalidad y con el consenso mayoritario de las poblaciones de esos municipios”, pues “hay peligro de que, si llegan al edificio de la alcaldía, haya revueltas de nuevo”.
Arizmendi Esquivel dijo que “ante esta situación, no puedo permanecer al margen, pues aunque es un asunto meramente político y legal, afecta la estabilidad de estos pueblos, pone en riesgo la paz social y peligra la seguridad de muchas vidas”.
Remarcó: “Es lo que nos tiene que importar, a ellas, a los que no nos aceptan, a las autoridades, a la Iglesia, a un servidor, a todo mundo; lo que más nos importa es la paz social y por eso hablamos de esos temas. No faltará quien diga que para qué se mete el obispo en estos asuntos. Si fueran asuntos meramente legales y políticos no me incumbirían pero sí me importa que no haya derramamiento de sangre ni violencia que pueda generar mayores trastornos en esas comunidades”.
Manifestó que “aunque sus elecciones fueron legales nominalmente, nadie desconoce que hubo mucho manejo de dinero, muchas dádivas para atraer al electorado, muchos compromisos no fáciles de cumplir, y cierta ruptura con los usos y costumbres de estas comunidades”.
Abundó: “muchas veces hemos defendido los sistemas indígenas para elegir a sus propias autoridades, que no se basan en propagandas que alguien hace de sí mismo, ni en dádivas o en compra de votos, sino en la confianza que un pueblo tiene a alguien que ha demostrado su capacidad y su servicio por años”, pero “el sistema de partidos ha contaminado a los pueblos indígenas y los ha dividido. La elección ya no es por consenso mayoritario, sino por el conteo y la manipulación de los votos”, por lo que los diputados locales “deberían elaborar leyes que permitan elecciones por usos y costumbres, como lo hacen desde hace años la mayoría de los municipios del estado de Oaxaca”.
